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Este martes la mesa técnica asesora de la Comisión de Salud del Senado entregó su informe de recomendaciones para la Ley Corta de Isapres, y en una de sus más comentadas resoluciones, se cifró en $451 millones de dólares el monto adeudado por las isapres a sus afiliados, en un notable contraste con los $1.400 millones de la divisa estadounidense que cifró anteriormente la Superintendencia de Salud.

Además, esta comisión transversal de especialistas propuso que la ley corta contemple un plazo de 10 años para la devolución de estos excedentes, y la implementación por parte de las isapres de la tabla de factores de riesgo. 

Es por eso que en Frecuencia Pública conversamos con Andrés Palma Irarrázaval, ingeniero comercial, Magíster en Economía y Académico de la facultad de Administración y economía Usach.

En entrevista con la periodista y conductora del espacio, Daniela Figueroa, Palma afirmó que, “según los criterios con los que dijo trabajar la comisión (Certeza jurídica, Sustentabilidad financiera y Apego irrestricto a los fallos de la Corte Suprema), el acuerdo que hay es sólo de sustentabilidad financiera, dudo que se cumplan los otros dos criterios. El apego irrestricto al fallo de la Corte Suprema no, porque cambiaron la forma de cálculo, en el fondo dicen algo distinto de lo que dijo la Corte Suprema (…) no buscan devolver lo que les debía, es una devolución parcial”.

Agregó que “hay una lógica de compensación, cuando el sistema de isapre es de seguros individuales y no colectivos. Ojalá fueran colectivos, todos tendríamos mejor cobertura. Con el fallo de la Corte Suprema están condenadas a quebrar al menos 3 isapres que no tienen cómo salvarse, me refiero a Consalud, Banmédica y Cruz Blanca. Si no les dan 10 años, no tienen cómo, yy eso es relevante para el sistema de salud, porque tienen el 70% de los afiliados”.