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Gremios de aplicaciones móviles solicitaron al Gobierno a retirar de Contraloría el reglamento de la denominada “Ley Uber” que busca regular este tipo de transporte de pasajeros.

Según consignó La Tercera, la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam), conformada por 20 miembros solicitaron al Ejecutivo retirar del ente fiscalizador la normativa en consulta y realizar nuevos cambios.

La presidenta ejecutiva de Alianza IN, Marcela Sabat, señaló que “la nueva normativa desconoce la naturaleza de la industria y generará perjuicios importantes. En ese contexto, es relevante que el Gobierno dé una señal al respecto, ya que el 80% de los conductores está pagando sus automóviles, por lo que el retiro de reglamento desde la CGR entregaría un espacio de tiempo para que nuestros conductores puedan renovar sus autos”.

Por su parte, la presidenta de Achiplam, Kim Maturana, indicó que estarán "disponibles para cualquier ajuste que signifique dotar de gradualidad y certeza al proceso de renovación de vehículos por parte de los conductores. Si el gobierno tiene la voluntad de retirar el reglamento para ingresar medidas de transitoriedad y marcha blanca, apoyaremos dicha decisión”.

“Nos hubiera gustado ser parte de las negociaciones, nos hubiera gustado que la autoridad hubiera tomado en cuenta la data de la industria al preparar este reglamento, sin embargo, eso no ocurrió. El Ministerio de Transportes está queriendo regular una industria cuyos números no conoce. Es por eso que estamos en esta situación”, complementó.

En ese sentido, comentó que, como asociación local, “nos es incalculable el perjuicio en términos de pérdida de oportunidades. Las empresas internacionales, ya en el mercado, cuentan con operaciones grandes que se verán afectadas”.

“Como Achiplam incluimos empresas que se encuentran en etapa de maduración y cuentan con inversión local, e incluso fondos Corfo. El congelamiento del registro y las barreras de entrada puede forzar a muchas de ellas a cerrar. A esto debemos sumar el impacto social a personas que dejan de generar ingresos para ellos y sus familias, así como personas que dejan de transportarse para llegar a sus hogares o lugares de estudio y trabajo”, detalló.

Asimismo, la presidenta ejecutiva de Alianza IN recalcó que, de acuerdo a estudios, el reglamento “dejará fuera de circulación a cerca de 60 mil personas que hoy viven del transporte vía aplicaciones y que particularmente afectará a las mujeres de nuestro país”.

“El gobierno aún no logra dimensionar el impacto real de la medida, no solo porque afectará fuertemente en el desempleo, sino que también develará falencias importantes del transporte público en las zonas periféricas, por ejemplo, que nuestras aplicaciones hoy cubren”, afirmó.

En tanto, Maturana manifestó que ven detrás de la normativa “una convicción errónea de que las aplicaciones son lo mismo que el transporte tradicional de pasajeros. Se ha instalado la idea que la norma viene a equiparar la cancha con los taxistas, cuando esa discusión ya se encuentra superada y hoy son parte del ecosistema”.

Finalmente, planteó que esta era una oportunidad “dorada para poder modernizar todo el sistema de transporte de pasajeros, modernizar al taxi y acercarlo a las exigencias de los usuarios actuales”.

“Sin embargo, nos vemos enfrentados a un eventual colapso de una industria, de un sector de la economía que mueve a cientos de miles de conductores y a millones de usuarios a través de cientos de millones de viajes al año. Estaríamos frente al Transantiago de las plataformas de movilidad, a un descalabro de un sector de la economía”, sentenció.