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El centro gastronómico y cultural Patio Bellavista, ubicado a metros de Plaza Baquedano, exige una indemnización millonaria al Estado por caída en afluencia tras el estallido social.

Según publicó El Mercurio, la denuncia fue interpuesta por Inversiones Las Arenas Limitada ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago y exige una compensación de 13.774 millones de pesos.

La acción judicial, ingresada ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, señala que "lo que solía ser un excelente espacio para compartir con familiares y amigos, a 250 metros del punto central de nuestra capital, pasó a ser una pesadilla" luego del 18-O".

En su escrito, la empresa argumenta que el Estado "bajó los brazos"ante la violencia descontrolada en el sector, "dejando a su suerte a sus habitantes y locatarios por más de tres años".

Agregan que Patio Bellavista, que antes del estallido recibía un promedio semanal de 125.545 visitas, experimentó una caída del 45,5% en la afluencia de público hasta enero de 2023. Los ingresos por arriendos también disminuyeron un 27,6% en comparación con 2018, pese a una leve recuperación en la ocupación de locales.

El texto legal compara la situación de Plaza Baquedano con otras “zonas de sacrificio”, comparando la situación con áreas afectadas por problemas ambientales como Ventanas o Quintero, pero afectada por problemas de seguridad pública.

CÁMARA DE COMERCIO JUSTIFICA DEMANDA

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) justificó la demanda de Patio Bellavista contra el Estado por permitir una "zona de sacrificio" y no resguardar la seguridad en esa zona.

En declaraciones que consigna Emol, Sergio Morales, coordinador del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad de la entidad, dijo que la demanda "es una manifestación de la desesperación de los sectores que representa la CNC frente a la constante inseguridad".

Según expresó, esta inseguridad "se vive en los distintos barrios a partir del estallido" y ha generado daños que "no solo han significado pérdida de ganancias, sino también han llevado a cierres definitivos de emprendimientos y negocios".

"Ya no solo se trata de acciones cautelares, como han resultado los recursos de protección interpuestos a lo largo del país en contra de las municipalidades, sino que estamos frente a una acción en que se persigue una responsabilidad extracontractual del Estado", añadió.