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La Contraloría objetó la adquisición de la clínica Sierra Bella por el precio injustificado de 8.200 millones de pesos que pagó la alcaldesa, Irací Hassler. Además, el ente fiscalizador anunció un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

En  el extenso dictamen de la Contraloría estableció que “no se fundamenta el gasto” para la adquisición del inmueble en que funcionaría un nuevo Cesfam para la comuna. 

“En abril de 2022, el municipio solicitó tasaciones de un primer inmueble en calle Carmen 35, recibiendo precios entre 86.440 UF y 87.500 UF. Posteriormente, al no concretarse dicha compraventa, se solicitó a los mismos profesionales tasar el inmueble de calle Sierra Bella 1181, tasaciones entre 232.843 UF a 235.600 UF. El municipio ofertó 234.124 UF ($8.252.873.341), monto que fue aceptado por la inmobiliaria dueña”, consignó el texto de la Contraloría.

Por lo mismo, detectó “una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio (…) en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por parte de la empresa vendedora ($2.000 millones)” y recalcó que dichos antecedentes habrían sido tenidos en cuenta por el municipio.

Además, se estableció que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio, “superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal”.

Hay que recordar que la concejala Rosario Carvajal presentó un requerimiento ante Contraloría, acusando irregularidades en el proceso.

En el texto, la Contraloría también advirtió que las tasaciones encargadas, presentan inconsistencias como falencias en el lote tasado, falta de información, falta de justificación de valores y ausencia de trazabilidad y verificación de terrenos utilizados como referencias, entre otros aspectos.

SEGUNDO SUMARIO

La Contraloría anunció también un segundo sumario, debido a que la municipalidad continuó con las gestiones de compra del inmueble, a pesar del oficio de febrero pasado que le ordenó detener la adquisición para revisar los antecedentes.

Según Contraloría, si bien el municipio habría realizado gestiones para cumplir con lo instruido, “lo cierto es que la propia entidad comunal le otorgó un mandato especial a don Pablo Casanueva habilitándolo a realizar aquellas diligencias”.

Además, el texto cuestionó que se hayan dedicado recursos públicos a esa compra, debido a que el municipio pretendía otorgar prestaciones de salud “que excederían del nivel propio de la atención primaria”, cuestionando que la autoridad alcaldicia aludiera al proyecto como la “primera clínica municipal”.

Contraloría determinó que “no resulta procedente” que la municipalidad otorgue “prestaciones que exceden de aquellas propias de la atención primaria de salud”. Si el municipio insiste en implementar este proyecto reformulado deberá someterlo a una nueva aprobación del concejo municipal.

Respecto de la denuncia de concejales sobre falta de antecedentes a la hora de votar sobre la compraventa, la Contraloría determinó que no se verificó la supuesta falta de antecedentes, desestimando dicha acusación.