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Por Daniela Figueroa Videla

A propósito de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, quien presidió la comisión que dio libertad condicional a Hugo Bustamante en el año 2016, pese a haber cometido un doble homicidio, un grupo de 36 abogadas y profesoras de derecho firmaron una carta en defensa de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estación Central conversó con una de las firmantes, la abogada y académica de Derecho Penal Fabiola Girao.

La profesora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de las Universidades de Valparaíso y Universidad Católica de Valparaíso señaló que la acusación constitucional contra la jueza Donoso constituye una “lamentable respuesta por el nivel de violencia contra la mujeres” ya que, señaló “la decisión (de otorgar libertad condicional) fue tomada por una comisión conforme a la legalidad de 2016. Está tomada a la luz de los requisitos de la legislación de la época”, agregando que el informe de Gendarmería, negativo a esta medida cautelar, no estaba entre los requisitos

Girao insistió que “responder a la violencia brutal contra las mujeres, atacando a una magistrada, es inconsecuente e irresponsable”.

La abogada informó que desde el 2019 la libertad condicional es un beneficio, pero el 2016 era un derecho, lo que a su juicio era correcto porque “decir que es un beneficio es autoritario”.

La académica comentó que lo que hay detrás de la libertad de condicional es poner fin a la pena, es un paso para la volver a la sociabilización. Por eso sostuvo que “no veo ninguna propuesta de algún parlamentario para conocer las condiciones en que viven las personas que están en la cárcel. (…) Yo estoy por la democracia y porque las reglas del juego sean claras y no contradictorias”.

Acerca de los dichos de la Subsecretaria de la Niñez Carol Bown, sobre la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Girao siendo brasilera dijo que es “una intromisión al modo Bolsonaro, propio de la ultra derecha”.

Agregó que debería haber una supervisión de la salud mental de los condenados en el sistema judicial. Pero “falta mucho para que las personas privadas de libertad puedan realmente ser reinsertadas en la sociedad”.  Señaló que la responsabilidad del Estado no termina con la pena, sino con la ejecución de la misma, considerando integralmente todos los aspectos de las personas presas para su eventual regreso a la sociedad.

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