El Gobierno informó que ya no hay ciudadanos migrantes varados en la frontera norte del país, después de la crisis que se registró debido a que cerca de 300 personas -principalmente venezolanos- debiesen pernoctar por semanas en la Línea de la Concordia por no contar con su documentación para ingresar a suelo peruano.
La crisis dio la vuelta al mundo debido al crudo registro de niños, mujeres embarazadas y familias atrapadas en el paso fronterizo de Chacalluta, comuna de Arica, sin tener una solución por parte de las autoridades de Chile y Perú, generando de paso impasses diplomáticos entre ambos países.
Después de 33 días de la situación, el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, informó que la semana pasada habían "450 personas en la frontera; ahora no tenemos ninguna".
“Hemos resuelto la situación que se había generado migratoriamente en la frontera de Chile con Perú, quedando absolutamente desocupado de cualquier persona que estuvo en ese lugar. No queda ninguna persona en ese espacio, han salido de allí por distintos motivos", destacó.
La autoridad resaltó que “estuvimos trabajando con el Registro Civil, con la Seremi de Justicia, para efecto del enrolamiento de los migrantes que desean salir del país. Estuvimos trabajando el área humanitaria con la Seremi de Desarrollo Social, estuvimos encabezando la coordinación de esta emergencia sanitaria”.
Además, explicó que se instaló un albergue en Arica para trasladar a algunos de los afectados, especialmente menores de edad, "para determinar desde ahí su espera para la salida hacia Perú o retorno hacia su ciudad de origen. Hubo situaciones especiales, donde Perú recibió a personas con enfermedad, discapacidad física o mental, personas que estaban en una situación humanitaria muy compleja".
También remarcó que hubo quienes "decidieron con su documentación pasar hacia Perú, puesto que solo les faltaban documentos de salida de nuestro país. No solo se trata de migración venezolana, sino también de sujetos que tenían nacionalidad peruana, niños ecuatorianos y colombianos".
“Hubo una coordinación completa respecto lo que significa la presencia del Estado frente a una situación que nosotros entendíamos que era una crisis migratoria, pero que no íbamos a dejar que se produjera una crisis humanitaria”, sentenció.
Por su parte, el gobernador regional Ricardo Díaz subrayó que "lo importante en este proceso es monitorear lo que sucede y que también Cancillería se pronuncie respecto de si vale la pena o no continuar con un control fronterizo integrado".
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