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Por Francisca Delgado Ruz

El día de ayer el Tribunal Constitucional acogió de manera parcial el requerimiento presentado por diputados del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista declarando inconstitucional seis artículos de la ley migratoria del gobierno. Al respecto, el abogado Martín Canessa afirmó que “el proyecto se gestó desde organizaciones sociales migrantes y pro migrantes” y buscaban la impugnación de 14 normas que restringían los derechos de esas personas y vulneraba los derechos de niños, niñas y adolescentes junto con violar la garantía constitucional de reserva legal.

“Hubiéramos querido que se acogieran más artículos, pero antes de ayer teníamos un proyecto peor y menos respetuoso a la Constitución y a los derechos de las personas. Hoy tenemos un mucho mejor proyecto porque el TC resolvió seis de las normas impugnantes que atentaban contra las personas migrantes”, señaló Canessa. Y destacó la unanimidad de los miembros del Tribunal: “Esto permite descartar de plano una de las cosas que el gobierno trató de instalar en los medios que esto habría sido un requerimiento ideologizado para lograr una migración irrestricta”. 

El abogado hizo un balance final señalando que el resultado fue positivo. Y mencionó la exposición que arriesgaban las personas migrantes: “El artículo 132 exponía a niños a un procedimiento de expulsión que se llamaba Retorno Asistido, pero los exponía a una expulsión administrativa sin interferir tribunales de familia”.

Respecto a las declaraciones de Álvaro Bellolio, director de Extranjería, quien dijo que en el Frente Amplio “estaban contentos de que miles de haitianos llegaran a Chile y quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate”, Canessa afirmó que “demuestran una falta de sensibilidad, empatía, incapacidad de dialogar y poca seriedad para abordar el drama humano detrás de las experiencias de esas personas y familias”.  Y finalizó detallando que, tras la resolución, el TC tiene hasta el 1 de febrero para dictar la sentencia y luego el Ejecutivo estará en las condiciones para promulgar la ley con un plazo de un año para la elaboración. “Debe ser un proceso transparente, abierto a la discusión e intervención de organizaciones migrantes que han demostrado lo valioso que es su intervención”, aseveró.

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