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Este jueves 29 de febrero la Región de Aysén vivirá una jornada clave ya que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá pronunciarse sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), con el fin de que puedan ser administradas por comunidades indígenas.

Específicamente es la Comunidad Antunen Rain de las Islas Huicha de la comuna de Aysén, donde solicitan 393.945 hectáreas y la otra solicitud es de la comunidad Pu Wuapi de la comuna de Guaitecas, que solicitan la ECMPO CISNES con una superficie de 227.272 hectáreas.

La Comisión Regional se pronunciará sobre "Cisnes" e "Islas Huichas", que buscan a través de la Ley Lafkenche (N°20.249), el reconocimiento y protección sobre el espacio marítimo. De esta manera, serían más de 600 mil hectáreas de borde costero.

La ley tiene más de 14 años de vigencia y permite que el ECMPO se entregue por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área. 

Previo a la entrega, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) debe verificar la veracidad de los usos y costumbres alegadas.

Sobre este tema, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó a Radio Duna que "estas dos solicitudes que se verán mañana, una es de 2016 y otra del 2017".  

El secretario de Estado indicó que esta ley está "bien intencionada", considerando que busca proteger ciertos derechos de pueblos originarios, y que ha tenido "buenos ejemplos. Y otros que no han resultado tan bien".

Respecto a eso último, el titular de Economía afirmó que "ha habido tensiones en grupos que ha nosotros como Gobierno no nos gustaría que existieran. Las tensiones que la implementación de esta ley ha generado por ejemplo entre el mundo de la pesca artesanal y los pueblos originarios, creemos que son complejas (...) Esa tensión en particular nos duele".

Voces críticas a las solicitudes

En entrevista con El Mercurio, el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, acusó que con estas solicitudes se pondrían en riesgo 300 concesiones acuícolas, que corresponden al 45% de las existentes en la Región de Aysén y equivalen a cerca del 25% de la capacidad nacional de cultivo de salmones.

En tanto, desde la Municipalidad de Cisnes, plantean su negativa a la solicitud  ya que señalan que estas comunidades indígenas no pertenecen a la comuna y que están solicitando un extenso territorio de esta. 

En tanto, la Sofofa emitió una declaración suscrita 21 gremios de la Macrozona Sur. "Hacemos un fuerte llamado a tomar conciencia sobre las consecuencias y el precedente de dicha aprobación, no solo en la región de Aysén, sino en toda la Macrozona Sur", indicaron.

Salen al paso de las críticas

Sofía Barrera, abogada del área de Acceso a la Justicia en ONG Fira, señaló sobre las solicitudes que "las ECMPO son convenios de las comunidades con el Estado para administrar los usos consuetudinarios, como son la recolección, la pesca, la navegación, pero no significa que se le dé propiedad a una comunidad".

Agregó que lo "que se reconoce es el uso ancestral de manera compatible con otros usos que ya han sido reconocidos en forma anterior a las solicitudes de Espacios Marinos Costeros Protegidos".

Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace, planteó a El País que "es absolutamente falso que las solicitudes de ECMPO afecten a la industria salmonera que hoy está operando. Las solicitudes no afectan a las más de 700 concesiones otorgadas en Aysén, que la han transformado en la región con mayor cantidad de concesiones salmoneras aprobadas en el país".

Agregó que "si esas solicitudes se aprueban esas concesiones continúan intactas. Vemos con mucha preocupación que comunidades que han utilizado las herramientas legales e institucionales para el ejercicio de sus derechos, hoy se estén enfrentando a amenazas y campañas de desinformación y desprestigio".