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“Es la instalación abierta de una dictadura. No como la que hemos conocido en el pasado sino enmascarada”, fue la primera reacción de la Defensora de derechos humanos, que alzó el cerco comunicacional desde el exilio en Costa Rica para poder hablar. Y es que en alerta se encuentran las organizaciones internacionales luego que el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, señaló esta semana que se está llevando adelante un “ataque implacable y sin precedentes” de parte de la prensa y figuras de oposición “financiadas por Estados Unidos”, esto por las numerosas detenciones de opositores y precandidatos presidenciales del proceso que se llevará el próximo 7 de noviembre.

Wendy Flores, activista y Directora del Colectivo Nicaragua Nunca Más recordó que desde las protestas iniciadas en abril de 2018, exigiendo un cambio por la vía democrática al régimen de Ortega, el abuso de las fuerzas públicas fue en incremento: “Dispararon a matar, dispararon a jóvenes, niños, a personas que llevaban agua”, relató la vocera que enumeró en 328 muertos y más de 2 mil heridos en sólo ese primer año. “La arremetida es contra los opositores y con quienes representen una amenaza al poder político. Ahora estamos viendo a cuatro precandidatos presos, sin acceso a sus familiares, violaciones a las garantías del debido proceso”, continuó.

“La comunidad internacional está viendo con horror lo que está ocurriendo en Nicaragua”, aseguró la activista, señalando que el mensaje de la OEA es que “es absolutamente inaceptable, condenando los abusos y demandando la libertad de todos los presos políticos”. Flores aseguró que “antes teníamos 122 presos políticos, y ahora se suman las 16 detenciones más. Mucho tiene que ver con que son los opositores dirigentes que han estado demandando, libertad, democracia y justicia en nuestro país. Queremos recuperar nuestra libertad mediante un proceso eleccionario”.

A esto se suma una serie de leyes y medidas que han bloqueado el acceso internacional a la información, como la Ley de agentes extranjeros que impide que los nicaragüenses reciban cualquier tipo de financiamiento de la cooperación internacional, catalogándolos inmediatamente como agentes extranjeros y tratados como enemigos, o la Ley de soberanía 1055, que dice que “quien aplauda, demande, enaltezca o exija sanciones contra Nicaragua, van a ser llamados traidores de la patria”, explicó Flores. “Todos los poderes del Estado están sometidos al poder ejecutivo. La Asamblea Nacional es mayoritariamente sandinista, tiene más de 70 diputados que son del Frente Sandinista, que han aprobado las leyes represivas”, sostuvo la vocera.

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