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Las libertades cívicas siguen restringidas en Venezuela, dijo este jueves la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aunque reconoció una serie de mejoras tras la aceptación del Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno.

En la presentación de un informe sobre las actividades de su Oficina en Venezuela, Bachelet dijo que entre mayo de 2021 y abril de este año su equipo allí documentó 166 casos de restricciones indebidas, lo que incluye casos de criminalización y amenazas contra voces disidentes, además de 34 violaciones de la libertad de expresión.

Con respecto a esto último se constataron situaciones de acoso, censura y confiscación de equipos profesionales y el bloqueo de portales web, además del uso de la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

La alta comisionada también informó de ciertos avances, como el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas relacionadas sobre todo con la situación socioeconómica, como si ocurrió en las protestas antigubernamentales de 2017.

De igual modo se documentaron menos detenciones arbitrarias.

Igualmente, se determinó que hubo "menos muertes en el contexto de operaciones de seguridad que en años pasados", aunque "de todos modos, una sola muerte es demasiado", enfatizó.

Entre las medidas positivas de las que informó Bachelet destaca la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía, conforme a una recomendación que había formulado en este sentido. Comentó que ésta es una oportunidad para "reforzar la naturaleza civil de las fueras de seguridad".

Asimismo, mencionó el procesamiento de militares y policías involucrados en siete muertes en las protestas de 2017, así como el hecho de que el fiscal general haya compartido información sobre algunos casos.

El equipo de la oficina de Bachelet que trabaja en Venezuela visitó entre mayo del año pasado y abril pasado 21 centros de detención, realizó 259 entrevistas confidenciales con detenidos y se obtuvo la liberación de 68.

En el ámbito de la detención, la alta comisionada mencionó que persiste la preocupación por las condiciones en las prisiones de Helicoide y Boleita, donde consideró que hay riesgo de malos tratos y de detenidos incomunicados.

Asimismo, señaló que las autoridades ya no permiten el acceso del personal de su organismo a esos dos centros de reclusión, ni a locales militares de detención.

Bachelet recordó que éste era el último informe que presentaba ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela en vista de que el próximo 31 de agosto concluirá su mandato como alta comisionada de la ONU.

Durante su periodo, la Oficina de Derechos Humanos consiguió establecer un diálogo con el Gobierno de Maduro, que recientemente aceptó ampliar a 16 el número de empleados de esta entidad en Caracas.