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El Presidente Gabriel Boric abandonó La Moneda y se sumó a una manifestación de pobladores de tomas que protestaron en el centro de Santiago en contra de la ley de usurpaciones que se tramita en el Congreso.

La manifestación fue convocada por comités de pobladores sin casa que marcharon por la Alameda hacia La Moneda, donde el mandatario los arengó megáfono en mano.

A los pobladores, el mandatario expresó que "yo les agradezco y valoro mucho su organización y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos y esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de esto".

Añadió que "vamos a seguir trabajando en conjunto con los comités en las buenas y en las malas, y cuando haya errores, vamos a enmendar en conjunto con ustedes, porque es al pueblo, a ustedes a quienes nos debemos".

"Cuenten conmigo como Presidente para seguir conversando siempre, para seguir trabajando en conjunto y enfrentando juntos las dificultades que tenemos, porque esta pega no es fácil, ustedes lo han visto, pero no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara", concluyó.

La ley de usurpaciones sanciona las ocupaciones ilegales de terrenos y entre sus disposiciones más polémicas se incluye la autodefensa de los propietarios.

El Gobierno advirtió que no permitirá que se promulgue una ley que promueva el enfrentamiento entre civiles, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista han votado permanentemente en contra de este proyecto.

Ayer en la tarde fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputados, pero en la noche la Comisión de Seguridad Ciudadana rechazó las indicaciones del Ejecutivo. Por ende, el texto volverá a la sala tal cual como salió en la jornada de este miércoles.

El texto, en segundo trámite legislativo, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.

Una de sus disposiciones más polémicas es el de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente. El Gobierno advirtió que no permitirá en esta ley una indicación de esta naturaleza, porque promueve el enfrentamiento violento entre las personas.

Entre los principales objetivos del proyecto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.

Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.