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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos.

El proyecto ingresó a trámite en enero de 2021. Posteriormente, el actual gobierno le agregó indicaciones, en diciembre de 2023, y elevó su presupuesto de 800 millones a 12 mil millones de pesos. Ahora, la iniciativa se remitió al Senado para su segundo trámite.

El texto crea un nuevo servicio integral de alcance nacional a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial.

Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con defensa legal, dotando al Estado de una nueva institucionalidad integral de protección a las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales, para proveerlas de defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica.

Entre sus ejes está promover soluciones colaborativas y radica en este la mediación familiar.

De esta manera, el servicio otorgará asistencia jurídica gratuita a las personas que requieran orientación legal, defensa y representación judicial. El beneficio llegará a quienes no puedan costearla por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección.

Personal profesional calificado entregará las prestaciones y contarán con apoyo de postulantes al título de abogado que estén realizando su práctica profesional.

Diputados de todos los sectores destacaron que este es un proyecto transversal, que es parte de la agenda priorizada de seguridad acordada entre el gobierno y el Congreso Nacional.

Y valoraron que el nuevo servicio podrá contar con los recursos necesarios para su funcionamiento por el aumento incorporado en la actual administración.

Además, se recalcó que la justicia es uno de los pilares de la democracia, pero las personas enfrentan obstáculos que impiden su acceso, en particular de carácter económico. Esto porque habría una justicia para quienes pueden pagar un abogado y otra para los que no cuentan con los recursos.

Por ello, se destacó el fortalecimiento de la defensa gratuita a la población más vulnerable y que esta sea una política de Estado.