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Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados promulgó la Ley Naín Retamal. De esta manera, la polémica normativa que refuerza y protege la función de las policías quedó lista para su promulgación. Durante la discusión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se descartaron “algunas ideas francamente aberrantes”.

La Sala respaldó las modificaciones ingresadas en el Senado a la iniciativa, entre ellas aquella que cambia la figura de "legitima defensa privilegiada" que iban a tener Carabineros, la Policía de Investigaciones y Genndarmería en caso de utilizar su arma de servicio, y que había derivado en una serie de cuestionamientos al proyecto.

De esta manera, la iniciativa fue despachada tal como fue enviada desde la Cámara Alta, por lo que no requerirá pasar por una Comisión Mixta y quedó lista para su promulgación.

Respecto al artículo de legítima defensa, recibió 87 votos a favor y el rechazo del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Republicano. La enmienda que le colocó el Gobierno cambia la presunción a cuando esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros, eliminando la causal de impedir un delito.

Pese a que el Ejecutivo buscaba llevar la regulación de dicha normativa al Código de Justicia Militar, finalmente se mantuvo en el Código Penal.

Recordemos que la propuesta fue ingresada originalmente en 2020 después del asesinato del cabo Eugenio Naín, baleado en la comuna de Padre Las Casas por desconocidos. Originalmente, solo apuntaba a aumentar las penas contra quienes cometan delitos contra uniformados.

En tanto, la legislación de la "legítima defensa privilegiada" surgió tras el homicidio del sargento Carlos Retamal, quien murió agredido por un fierro durante una fiscalización a unas carreras clandestinas en San Antonio, en octubre de 2022.

Asimismo, la discusión se aceleró después de la muerte de la sargento Rita Olivares, quien fue baleada en la cabeza durante un procedimiento por robo a lugar habitado el 26 de marzo en Quilpué.

Durante la discusión en la Sala, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que “acordamos dejar fuera algunas ideas francamente aberrantes que se intentaron meter en este proyecto, por ejemplo que los mandos no tuvieran responsabilidad de sus subordinados salvo que les ordenaran explícitamente cometer delitos. Pudimos tener eso transformado en un artículo aprobado”.

Entidades y organizaciones relacionadas a los derechos humanos habían presentado sus reparos al proyecto. El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, advirtió que la iniciativa "podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso” y que "contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos".