Actualidad

 Molestia habría generado en Carabineros el último operativo de demolición de las denominadas "narco-casas" que se realizó el pasado 13 de junio en el sector de Bahía Catalina con San Miguel, en la comuna de La Florida.

Ese día fueron destruidas dos viviendas y un mausoleo construido en homenaje a Álvaro Andrés Pradena Barrera, quien tenía causas por robo y porte de arma.

Precisamente la destrucción del memorial generó reproches desde la institución uniformada, debido a que no se notificó al personal policial de apoyo. Según informó Radio Bío-Bío, la Prefectura Santiago Cordillera envió al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, un correo asegurando que la omisión es "total y absolutamente delicada y grave".

El mensaje advirtió que la falta de información "genera un mayor riesgo para la seguridad del personal institucional destinado a estos servicios extraordinarios, sumado a las características fenomenológicas del sector intervenido, donde además de delitos de mayor connotación social que afectan al sector, destacan acciones violentas de grupos armados que han originado en la historia reciente del sector”.

A modo de ejemplo, se mencionó “la muerte de un Carabinero y recientemente las lesiones por arma de fuego a tres integrantes de la SIP de la 36º Comisaría de esta dependencia, sumado a los lamentables fallecimientos de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, acaecidos durante el presente año en diversas partes del país, (…) lo que nos obliga a maximizar las medidas de seguridad, tendientes a mitigar los riesgos a los que se ven enfrentados a diario nuestros Carabineros”.

Asimismo, Carabineros se habría dado cuenta que en la colaboración no estaría cumpliendo el inciso final del artículo 4 de su Ley Orgánica Constitucional, que sostiene que “la autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público”.

De acuerdo a la publicación, la falta de antecedentes motivó que los efectivos policiales no apoyasen la demolición de una tercera casa que Carter buscaba destruir en el procedimiento.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

En reacción, Carter realizó un punto de prensa donde confirmó el documento en cuestión, afirmando que "este es un error o una mentira" y acusando que "algún oficial superior, muy extraviado en su misión, se ha puesto al servicio del Gobierno de turno y ha encontrado una mala excusa, porque los pone en ridículo en términos jurídicos y políticos”.

 "Es muy sorprendente porque quiere decir que el alto mando de Carabineros se da cuenta después de ochenta y dos días después de la última demolición y después de cinco meses de la primera demolición, que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal”, señaló el jefe comunal.

“Cómo es posible que después de cinco demoliciones ahora descubran que supuestamente estaban actuando contra la ley. Esperamos el sumario y la destitución de los funcionarios respectivos, entonces”, reiteró.

Apuntó a un "cambio terrible del alto mando policial y será función del general Yáñez explicar este error o esta falsedad, porque no se ha violado ninguna ley, no se ha expuesto jamás a ningún policía y tercero la obligación de cualquier funcionario público, carabinero, militar, Presidente o alcalde es combatir el delito en el lugar, especialmente cuando es un delito flagrante".

El alcalde comentó que "hay ciertos errores que cuando son tan grotescos se convierte en mentira. Porque, en primer lugar, para demoler una vivienda que tiene ampliaciones ilegales, no se requiere la autorización del Ministerio Público. Basta con que la ley no se cumpla y el llamado a pedir la fuerza pública es el municipio respectivo, esta municipalidad o cualquiera otra”.

Sobre el reclamo de que podían ser puestos en riesgo los carabineros, la autoridad municipal subrayó que estaba "Fuerzas Especiales, COP, GOPE ¿Había que traer a las tortugas ninjas? ¿Había que llamar a un grupo SEAL o un comando especial? No, estaban todos los recursos necesarios para enfrentar una situación así".

“¿Qué autoridad pública frente a un delito flagrante no ejerce el imperio del derecho? Cómo es posible que no estén de acuerdo entre el Gobierno y Carabineros respecto a lo que ha dicho el mismo presidente ‘Vamos a demoler los mausoleos’, pero cuando nos encontramos con uno, resulta que estando el GOPE, el COP, Carabineros, la municipalidad, no se podía hacer”, añadió.

En esa línea, advirtió razones políticas, aseverando que “Carabineros es la policía del pueblo chileno y no la policía del gobierno de turno, ni del gobierno de Sebastián Piñera, ni tampoco del gobierno de Gabriel Boric”.

Comentó que "tendríamos que haber hecho el ridículo de no haberlo demolido a vista paciencia de los narcotraficantes e ir de nuevo en otra ocasión. No seamos ingenuos. Es impresentable frente a la opinión pública que con todo el poder del Estado ahí no se hiciera lo que se hizo, demoler el mausoleo en ese mismo acto”.

"No seamos ingenuos y la ciudadanía lo sabe, esto es político, había que detener lo que ocurría en La Florida. Había que evitar que siguiéramos haciendo las cosas. Ayer fue con el pronunciamiento de la Fiscalía, que después de un grupo de demoliciones cambia de opción, y ahora Carabineros", complementó.

"Todo el país fue testigo de cómo el Presidente Boric expuso, humilló al general director de Carabineros. Primera Cuenta Pública de la historia en que obligan a los generales en jefe a pararse y aplaudir, a asentir las palabras del gobernante de turno. Eso no se había visto nunca, tal vez solo con Pinochet, en democracia, nunca"