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Las fiscalías de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú firmaron este miércoles acuerdos de trabajo con la agencia europea de coordinación judicial Eurojust, en busca de una “cooperación estratégica más eficaz” contra actividades delictivas transatlánticas, como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y ciberdelincuencia.

Los fiscales generales de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú asistieron al acto de firmas en La Haya, elevando a seis el número de países latinoamericanos con un acuerdo de trabajo firmado con el organismo judicial europeo.

Los acuerdos de trabajo “reforzarán la cooperación” y permitirán a los países firmantes “incrementar el uso de las herramientas de coordinación judicial” que ofrece esta agencia, pero no suponen la asignación de un oficial de enlace de esos países a la sede de Eurojust en La Haya.

“Partiendo de nuestros valores compartidos y de nuestros intereses estratégicos comunes, podemos dotar a las autoridades judiciales de los instrumentos necesarios para salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo una cooperación eficaz "sobre el terreno", señaló el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

El 68 % de las redes delictivas más peligrosas operan a escala mundial, y el 36 % de ellas se dedican al tráfico de drogas, según un informe de la agencia de cooperación policial Europol.

Los acuerdos firmados hoy buscarán, a través de la cooperación, el “desmantelamiento de las rutas de transporte que mueven grandes cantidades de drogas y que ingresan en la UE a través de los puertos”, señaló Eurojust. En 2023, las autoridades europeas incautaron drogas por valor de 25.600 millones de euros, más del doble que en 2022.

El presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, subrayó que el tráfico de drogas es “la actividad delictiva más lucrativa en la UE, ya que genera un mercado ilícito con unos ingresos anuales de al menos 31.000 millones de euros”, e instó a buscar una respuesta “eficaz y colaborativa” para mitigar y detener “el enorme daño” a las sociedades e individuos en la UE y América Latina.

“Es esencial que los fiscales de Europa y América Latina se unan y diseñen estrategias para una cooperación más estrecha que nos permita no sólo desarticular las redes criminales, sino también exigirles responsabilidades ante los tribunales”, agregó Hamran.

Durante la firma, el fiscal nacional Ángel Valencia, recordó que la “naturaleza transnacional” del crimen organizado “hace imposible combatirlos de manera efectiva sin aunar fuerzas con otros países” y Eurojust permitirá “mejorar el intercambio de información y la coordinación de investigaciones” contra esas redes criminales.