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Con el paso de las horas han salido a la luz pública nuevos antecedentes tras el recurso que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de las empresas Indura S.A y Linde Gas Chile, dos de las principales firmas de gas industrial del país, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

Según informó la FNE, el ingeniero civil Marcelo Torres, gerente general de Indura, envío un WhatsApp el 5 de noviembre de 2019 a Sergio Novelli, gerente general de Linde, para que se reunieran el 11 del mismo mes en el Tavelli ubicado en Avenida Las Condes. La FNE indicó que esa reunión sería el génesis de los hechos que se investigan. 

En su acusación, se señala que ambas firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, definiendo no competir entre sí por los clientes que cada una ya abastecía. La FNE relata que incluso, en una llamada telefónica interceptada, los ejecutivos de una de las empresas se referían a este acuerdo como una situación de “paz y amor” entre Indura y Linde.

La investigación reveló que Indura y Linde, para cumplir con el acuerdo y no competir por los clientes que atendía la otra empresa, se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, ofertaban precios intencionalmente elevados para no ganar el negocio, se retiraban del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o se desistían de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.

En su requerimiento, la FNE pide al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a US$ 31,3 millones ($ 29.841 millones). De este total, US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) corresponden a Indura y US$ 114.392 ($ 109 millones) a su gerente general.