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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil comenzará a implementarse y con ello dejará atrás al Servicio Nacional de Menores, más conocido como Sename, que se eliminará paulatinamente hasta 2023.

En vista de lo anterior, se dividió en dos aristas: el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, del Ministerio de Justicia.

En esa línea, se busca dejar atrás las graves vulneraciones como abusos sexuales y maltratos ocurridas en los centros del Sename, donde se suponía el Estado debía velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Desde la cartera liderada por Luis Cordero señalaron esta mañana que "el cambio se materializa en la creación de una nueva institucionalidad y una especialización del sistema de justicia para la aplicación de sanciones penales a las y los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 años, trabajando coordinadamente por la reinserción social y la seguridad pública".

"El organismo tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los jóvenes en conflicto con la justicia penal, a su integración social y a la implementación de políticas conjuntas con este fin desde los distintos sectores del Estado", sumaron.

Asimismo, indicaron que las características principales del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil serán que este será especializado y de alto nivel técnico, la atención para los jóvenes será centrada en la intervención, con un modelo y un soporte adecuado para la gestión del caso, y aumentarán los estándares de calidad para el funcionamiento de programas e instituciones.

Además, se espera que cuente con un sistema especializado de administración de justicia juvenil: fiscales, jueces y defensores formados en la materia. También reforzará la respuesta del conjunto del Estado para asegurar el acceso a las prestaciones de salud, educación e inserción laboral y otras materias desde un plan de acción y una política nacional en la materia.

Igualmente, innovará a través de la mediación penal juvenil como una forma alternativa de resolución de los conflictos y cambiará la relación con organismos privados que ejecutan programas, abandonando la lógica de subvenciones por un financiamiento asociado a estándares de calidad. 

"Los próximos tres años son años de intenso trabajo, de intenso desafío para demostrar el compromiso que tenemos con la protección de derechos y la reinserción social", dijo al respecto el ministro de Justicia, Luis Cordero.