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Denuncia por Junaeb no forma parte de la de acusación constitucional contra ministro Ávila

La información entregada por el exdirector del organismo, Cristóbal Acevedo, no podrán ser ponderados al momento de valorar las responsabilidades políticas del secretario de Estado. La información fue entregada por el diputado Héctor Ulloa.

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  • Diario Usach

  • Viernes 7 de julio de 2023 - 19:12

El presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el diputado Héctor Ulloa (Indep-PPD), confirmó que la denuncia realizada por el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio y Beca Escolar (Junaeb), Cristóbal Acevedo, respecto al pago por 3.500 millones de pesos que habría realizado el organismo por 30 colaciones en 2022, no forma parte del libelo.

En concreto, este jueves, Acevedo aseguró que Junaeb contrató a Soser para entregar 796 mil raciones de alimento. Sin embargo, la empresa realizó la compra solo de 30 raciones, por lo que cada una de ellas habría tenido un costo de $116 millones aproximadamente.

Antecedentes que durante esta jornada confirmó mediante una carta, donde dejó “constancia de los antecedentes que expuse en la sesión de ayer de la Comisión a la que fui invitado en mi calidad de exdirector Nacional de JUNAEB en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet".

En ese contexto, Ulloa confirmó la recepción de la misiva y detalló que "en sus dos planas solo reafirma la intervención y argumento que puso el día de ayer en la comisión, el cual intervino por más de 20 minutos aproximadamente, además de acompañar dos fuentes genéricas que remiten al portal de transparencia del servicio".

En esta línea, el parlamentario sostuvo "quiero ser claro, estos antecedentes no forman parte del libelo acusatorio, por lo que no podrían ser ponderados al momento de valorar una eventual responsabilidad del ministro".

"Son antecedentes de los cuales la actual administración debe responder con claridad para despejar todas dudas sobre las graves acusaciones", aclaró y añadió que "los llamados a fiscalizar eventuales irregularidades son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público".

 

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