Columna de Opinión

Bastante revuelo ha provocado la creación por decreto de una comisión asesora en temas de desinformación. El rechazo del Tribunal Constitucional al reclamo de inconstitucionalidad presentado por el Senado de la República tiene el efecto paradójico de instalar más fuertemente el debate y con ello las preguntas que debieran encuadrarlo: qué regular y cómo regular.

En el contexto europeo destaca la creación de Journalism Trust Initiative (JTI). Se trata de un proyecto gestionado por Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Europea en donde el énfasis no está en la penalización ni de los medios ni de sus contenidos, sino más bien en la promoción del periodismo y la información de excelencia. La presencia de Reporteros Sin Fronteras en esta instancia parece haber dado garantías de autonomía e imparcialidad frente a un tema que suele confrontar a las organizaciones de medios con los gobiernos.

Por otro lado, la creación de JTI contrasta con la experiencia acumulada en distintos países en donde se ha intentado regular la difusión de noticias falsas. Un estudio recientemente publicado por el Center for International Media Assistance analiza el impacto que han tenido las legislaciones contra las noticias falsas en la libertad de prensa.

Una de sus principales conclusiones indica que los Estados, en su afán por regular en esta materia, suelen cometer el error de implementar mecanismos de regulación de los contenidos, lesionando con ello muchas veces, las libertades de expresión y opinión. Frente a este riesgo, parece más razonable apostar por otras formas de regular el fenómeno. El diseño de políticas de alfabetización mediática y la regulación de las grandes plataformas, donde se observa un claro retraso en el contexto latinoamericano, podrían ser dos ámbitos en los que la política avance y se consolide en el mediano plazo. 

Finalmente, construir una política pública contra la desinformación, con organizaciones de la sociedad civil potentes y que evite caer en la tentación de regular los contenidos, debiera representar no un obstáculo para el desarrollo de la industria de los medios, sino más bien un nuevo impulso para el reconocimiento de la calidad y excelencia en materias periodismo y de información pública. De lograrse este objetivo, sería una muy buena noticia para el periodismo, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.