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El pasado 25 de agosto, un informe policial gatilló la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, al revelar que la exsecretaria de Estado intentó reunirse con el hoy detenido líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Publicado por ex-Ante, se trata de una escucha telefónica donde se constata como una asesora de Vega le pregunta al vocero de la CAM si puede agendar un encuentro con la entonces ministra. El registro termina con el líder mapuche exigiendo conocer quien entregó su contacto, a modo de requisito para continuar la conversación por Whatsapp.

Después del remezón generado por la transcripción, el Presidente Gabriel Boric acusó que hubo "filtraciones de una causa, que son inaceptables y que perjudican también a las instituciones".

El tema fue abordado este miércoles por el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, cuya institución fue una de las principales apuntadas por la filtración.

En declaraciones a Radio ADN, Muñoz afirmó que la PDI entregó la información a la Fiscalía después de "dos años de investigación", explicando que el documento se hizo público una vez que el ente persecutor se lo pasó a los intervinientes.

"El mismo fiscal desmintió eso (la filtración), diciendo que se había entregado esta información a todos los intervinientes, antes de la formalización", consignó el timonel de la PDI, remarcando que "al momento en que se entrega a los intervinientes ya es público".

Consultado sobre si la información pudo haber salido desde los intervinientes, respondió que "a mí me genera un delito, no lo podemos hacer, son investigaciones reservadas, herméticas, que están dadas entre el Ministerio Público y los intervinientes en este caso. Cada uno podrá hacer su apreciación ahí, pero se entregaron los antecedentes y después de esto se produce alguna información".

Cabe señalar que el Juzgado de Garantía de Temuco admitió a trámite una querella ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, por la revelación de los audios.

Ante la acusación, Garrido afirmó que "carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto".