La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, presentaron la propuesta legislativa del Gobierno en materia de equidad salarial, iniciativa que tiene por objetivo abordar las brechas salariales que existen en el mercado del trabajo en detrimento de las mujeres.
En una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural La Moneda, y acompañadas por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, ambas secretarias de Estado expusieron los principales ejes de un grupo de indicaciones que serán ingresadas por el Ejecutivo al proyecto de ley refundido que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de adecuar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
La ministra Jeannette Jara valoró la iniciativa e hizo un llamado a su respaldo transversal: "Estas brechas salariales existen en todo el mundo y tienen una influencia tremenda en la capacidad de generar ingresos para las mujeres, muchas de ellas jefa de hogar, que no tienen una pareja al lado y que, por tanto, no tienen con quién complementar sueldo. Pero también tiene una expresión de carácter previsional, dado el bajo nivel de ahorro previsional que muchas mujeres experimentan por tener salarios inferiores".
En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó que “la equidad salarial no es solo una cuestión de dinero, sino de dignidad y de reconocimiento del trabajo de las mujeres” y recordó que, en nuestro país, la demanda del movimiento de mujeres por equidad salarial viene desde 1906. “Si bien se han dado pasos significativos, todavía tenemos un 25% de brecha. De hecho, mientras las mujeres más estudian, más se especializan o certifican, más se agranda la brecha, lo que atenta también contra el desarrollo y la productividad de nuestro país”, explicó.
De acuerdo con la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la brecha salarial es de 25,5% en perjuicio de las mujeres para el ingreso promedio. En tanto, respecto de la participación en el mercado laboral, existe una brecha de 19,2 puntos porcentuales en su desmedro, según el informe de desempleo del INE del trimestre marzo-mayo de 2024.
Del mismo modo, en Chile, mientras el nivel de estudios es mayor, más es la brecha salarial entre hombres y mujeres, de acuerdo a la ESI. Por ejemplo, con un título de postgrado, la diferencia salarial promedio por hora de trabajo es de 23,8%; con educación universitaria, de 22,1%; con educación técnica, de 18,9%; con educación secundaria, de 13,8; y con educación primaria, de 11,7%.
La propuesta
Los ejes centrales de las indicaciones que se ingresarán por parde del Gobierno son:
1.- Principio de igualdad de remuneraciones: se reconoce el derecho de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, adecuándose a estándares internacionales, como el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración.
2.- Procedimientos: se perfeccionan los procedimientos de denuncia, reconociendo el rol de la Dirección del Trabajo y los tribunales de Justicia, siendo estos últimos los llamados a conocer de la vulneración de derechos fundamentales producto de la discriminación, previa denuncia de la o el trabajador o la autoridad fiscalizadora. Además, los respectivos procedimientos internos existentes en las empresas será un canal disponible adicional para las y los trabajadores.
3.- Medidas promocionales: se incorporan medidas para alcanzar el principio de equidad a través de la evaluación de puestos de trabajo, elaboración de Planes de Igualdad y conformación de un Comité de Igualdad de Remuneraciones. Serán instancias centradas en las grandes empresas, pero con incentivos para su desarrollo también en las pequeñas y medianas compañías.
Serán los propios involucrados, trabajadores y empleadores, quienes participarán en el establecimiento de estas medidas, para adoptar políticas para cerrar las brechas salariales que puedan existir.
4.- Informes de brechas: siguiendo la experiencia internacional, se establecen medidas de publicidad o de reputación para las empresas, en busca de generar informes de brecha de las empresas obligadas a las evaluaciones, los que serán públicos, debiendo siempre resguardar toda información que pudiera afectar normas de competencia y/o datos personales de los trabajadores.
Esto permitirá, como ocurre en otros países o algunos sectores económicos en Chile, la existencia de incentivos y mejoras en las condiciones contractuales de quienes mantienen brechas bajas en comparación a la realidad nacional.
5.- Rol de la Dirección del Trabajo: Se espera que la Dirección del Trabajo realice una guía orientadora sobre la aplicación de la metodología de evaluación, establecida en un Reglamento dictado en conformidad a los factores mínimos a considerar que se establecen en la ley. Lo anterior con el propósito de facilitar su implementación. Asimismo, en el caso que medianas y pequeñas empresas realicen estas evaluaciones, existirá acompañamiento por parte de la DT para adoptar ajustes y medidas conforme a la realidad de este tipo de empresas.
Además, el Departamento de Estudios de la DT elaborará estudios nacionales, regionales y sectoriales sobre la realidad de la brecha salarial en el país, el que se entregará como insumo a instancias que pueden intervenir en la generación de propuestas de políticas públicas, como el Consejo Superior Laboral.
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