El Presidente de la República, Gabriel Boric, calificó como "un grave insulto" los dichos del canciller venezolano Yvan Gil, luego que este último pusiera en duda la existencia de la organización criminal conocida como "Tren de Aragua" al señalar que era "una ficción" creada por los medios.
Durante la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la PDI en Ñuñoa, el mandatario planteó que "las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias".
El Jefe de Estado indicó que "esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada, no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy".
Agregó que "nos preocupa además la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas clave relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país".
Llamado a consulta
El presidente Boric confirmó su decisión de llamar a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, como una señal diplomática ante los cuestionados dichos del canciller Gil.
"He tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto van Klaveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior, Carolina Tohá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri", afirmó.
Agregó que "esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria y además acordar en conjunto e instruir al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto el Gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales".
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