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Para las 9:30 horas de hoy, en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos de corrupción. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es querellante en el caso

La Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco por 31 mil millones de pesos. En la audiencia, tanto la fiscalía como el CDE solicitarán la prisión preventiva de la ex jefa comunal.

Ayer, en su cuenta de Instagram, la exalcaldesa aseguró que “después de vivir muchas luchas y batallas, esta semana tendré que enfrentar una situación que nunca imaginé en la vida, ni en la peor pesadilla”.

Junto a Barriga también serán formalizados Ana María Cortés, exdirectora de Secplac; Luis Japaz, exasesor sindicado como mano derecha de la exalcaldesa; Andrea Díaz, exadministradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control. Todos de su círculo de confianza.

En cuanto al CDE, el 11 de enero pasado el consejo, a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, presentó una querella contra siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, entre ellos, la exalcaldesa Cathy Barriga.

La acción judicial es por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/ o uso malicioso de instrumento público falso, todos previstos y sancionados en el Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación.

La querella del CDE se dirige nominativamente contra Barriga y los exfuncionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico.

De acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la exedil, los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria para realizar distintas acciones defraudatorias.

De esta manera, según en CDE, aumentaron el déficit y generaron un perjuicio a las arcas municipales bajo el amparo de sus cargos de confianza, posición que les habría permitido evadir todo tipo de controles internos.