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El 3º Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a dos exfuncionarios de Carabineros que fueron dados de baja ayer más un tercero expulsado anteriormente, luego de ser acusados de cobrar por protección a víctimas de extorsión en la Región Metropolitana.

Se trata de dos cabos segundo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3º Comisaría de Santiago, quienes fueron formalizados por los delitos de exacciones ilegales, amenazas extorsivas y cohecho.

Además de los tres delitos, el tercer carabinero, quien era de la misma unidad y había sido dado de baja de la institución en marzo, debió enfrentar cargos por tenencia ilegal de arma de fuego, la que fue encontrada en su domicilio.

Fue este martes cuando detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) materializaron el arresto de los ahora excarabineros, luego de que en el marco de las indagatorias para detener a la banda delictual "Los Pulpos" uno de los denunciantes afectados asegurara ser amedrentado por exuniformados.

Se concertó un encuentro entre la víctima y los tres expolicías para llevar a cabo la entrega del dinero solicitado. Tal como se esperaba, los imputados subieron al hombre a un auto y recibieron $800 mil en efectivo, por lo que la PDI pudo concretar su detención en flagrancia en la comuna de Independencia.

Según sostuvo el Ministerio Público, los tres exefectivos operaban detectando a personas que sufrían extorsiones por parte de la organización "Los Pulpos", conformada por delincuentes peruanos que están instalados en la capital.

Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Centro Norte, explicó que "los imputados exigían a la víctima que entregase dinero para evitar que se realizaran fiscalizaciones en sus locales comerciales, además de brindarles protección frente a amenazas u otros delitos de bandas existentes en el lugar".

Probablemente, la investigación arroje a más uniformados involucrados, pues el Ministerio Público señaló que se ha detectado el mismo delito en las comunas de Santiago, Independencia y Recoleta. El Tribunal dio un plazo de 90 días de investigación.