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La expresidenta y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto con otras 64 autoridades latinoamericanas rechazaron la decisión del gobierno de Venezuela de suspender la oficina de Derechos Humanos de la ONU en este país.

A través de una misiva, la Mesa de Reflexión Latinoamericana, integrada por políticos, diplomáticos y académicos de diversos países la región rechazó y calificó como un “grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí".

Según manifestaron en el documento "ese acto, unido a la detención de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana".

Asimismo, mencionaron que lo que ocurre en Venezuela “no es ajeno” para el resto de América Latina, “menos si ello enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos”.

“Hemos llegado a un año donde se aproxima una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el Gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos a sus políticas anticipan un nulo reconocimiento a los resultados de esa consulta electoral”, añadieron.

Además, sostienen que las carencias bajo las cuales vive el pueblo venezolano “son evidentes. Como lo han señalado informes recientes, la alimentación es precaria y la pobreza se ha incrementado, mientras la migración de varios millones permea por varios países del hemisferio. Los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos han estado allí para detectar la realidad y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas”.

"Expulsarlos por hacer su tarea sólo expresa una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis", plantearon.

De esta forma, argumentaron que "esta realidad no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia".

"Los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela van en sentido contrario y esto reclama los mayores esfuerzos de los gobiernos, de las fuerzas política y la comunidad regional para lograr que esa tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide", acotaron en el documento.