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Familiares de presos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) llegaron esta mañana a la Corte Suprema para exigir que los reos sean trasladados a la cárcel de Temuco.

Los internos mapuche están cumpliendo prisión preventiva por los delitos de incendio, robo con intimidación y porte ilegal de armas.

Entre ellos están Ernesto y Pelantaro Llaitul Pezoa, hijos del líder de la CAM, Héctor Llaitul; Luis Menare, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil, Ricardo Delgado y Juan Carlos Mardones. Están repartidos en los recintos penales de Valdivia y de Concepción.

Desde las afueras del máximo tribunal, el abogado Alberto Espinoza denunció que existe una "violación flagrante" del Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales por parte de Gendarmería.

También acusó que el Ministerio Público utiliza "subterfugios para extender de manera abusiva y arbitraria los plazos de investigación, toda vez que no cuenta con antecedentes serios para formular alguna atribución penal a los comuneros".

Por ello, explicó que entregaron una carta al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para que "pueda arbitrar las medidas que en derecho correspondan para que estos hechos sean investigados y se logre establecer las responsabilidades penales de Gendarmería, que está actuando con total autonomía e impunidad, lo que resulta inaceptable en un estado de derecho".

"Pedimos que los comuneros que pertenecen a la CAM, que son presos políticos actualmente y que están desarrollando una huelga de hambre, sean trasladados y sujetos a un régimen carcelario que sea congruente con las disposiciones del derecho internacional", añadió, acusando que "actualmente están en cárceles concesionadas, y bajo esa excusa ellos (autoridades) se permiten actuar con absoluta arbitrariedad".

Mientras que Pamela Pezoa, madre de Pelantaro y Ernesto Llaitul, criticó que el Juzgado de Garantía de Lautaro se basó en un "informe tergiversado" de Gendarmería para aprobar el traslado a Valdivia.

Indicó que dicho documento señalaba que "no había posibilidad de ingreso al CCP de Temuco, puesto que no había espacio en el módulo de comuneros mapuche, cuestión que contradice el informe que en ese momento realizó la defensa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que señalaba que sí existían las condiciones para ser trasladados a Temuco (...) existe una población de once personas para un módulo que está adaptado para 30".

"Aquí, Gendarmería está mintiendo. Los tribunales de justicia están haciendo caso a lo que Gendarmería está señalando. Y hoy día, lo que queremos denunciar es que Gendarmería tiene un poder absoluto respecto de los presos, no solo de los condenados, sino también de los imputados. Hoy, manda más que el propio Ministerio de Justicia y la Corte Suprema", criticó.