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Familiares de los fallecidos en el megaincendio del 2 de febrero de 2024, interpusieron millonarias demandas indemnizatorias ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, exigiendo un resarcimiento de $750 millones de pesos por cada muerte, lo que podría totalizar $79.500 millones.

Según informa hoy El Mercurio, las familias de 106 fallecidos (de un total de 137) ya interpusieron demandas indemnizatorias mediante los estudios jurídicos de los abogados Felipe Olea (ayer había interpuesto acciones legales por 60 fallecidos), Gonzalo Yussef (por familiares de 16 victimas fatales) y Raúl Meza (por parientes de otras 30).

Las acciones reclaman falta de servicio por parte del Estado de Chile e individualiza como responsables al Presidente de la República, ministros del Interior y Agricultura, Delegación Presidencial Regional; las máximas autoridades de Senapred, Conaf, el gobernador regional de Valparaíso y las alcaldesas de los municipios de Viña del Mar y Quilpué.

“Queda en evidencia que a la acción demencial de quienes desataron el vasto incendio se añadió una serie de concausas que resultaron atribuibles tanto a Conaf como a Senapred que impidieron su contención, o bien, que facilitaron su propagación a través de vastos sectores del entramado urbano ubicado en los cerros de Viña del Mar y Quilpué. De tal suerte, a las 18 horas del viernes 2 de febrero de 2024, las llamas ya estaban dentro de las ciudades alcanzando de lleno, entre otros sectores, la villa Independencia y Pompeya sur”, dice el escrito del abogado Olea.

Las demandas acusan a las autoridades de no haber actuado antes las alertas que acusaban ineficiencias de Conaf y Senapred, que las tradujo en fallas en predecir el avance que ese día estaba teniendo el incendio en la reserva forestal Lago Peñuelas y en la tardía alerta a la población.

La demanda exime a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, porque los antecedentes aportados por los organismos públicos como medida prejudicial señalan que recibió la información tardíamente por lo que no activó a tiempo a los proveedores privados para que estos alertaran a la población.