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La Corte Suprema rechazó el requerimiento ingresado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba extender por seis meses el trabajo de Romy Rutherford en el marco de la investigación del fraude en el Ejército.

Cabe señalar que en 2020 se renovó por primera vez la visita de la ministra, lo que volvió a suceder en marzo de 2022, luego que se aprobara la indicación "Ley Rutherford". Debido a esto, se le otorgó una extensión hasta el 4 de septiembre de este año.

En el escrito ingresado el 22 de agosto, el CDE argumentó que la causa "consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos".

"Sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega", detallaron.

Rutherford asumió la investigación el 3 de marzo de 2017 por fraude dentro del Ejército, desde ese entonces se han encausado a 68 uniformados, dictado 12 condenas, además de imputar a cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.