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Esta tarde, el Gobierno determinó decretar el Estado de Excepción de Emergencia en la macrozona sur, desechando la iniciativa que proponía un “estado intermedio de protección y resguardo” ante la imposibilidad de reunir los votos para realizar una reforma constitucional en el Congreso.

La información se confirmó durante una reunión del comité político ampliado y en donde participaron los partidos de la coalición Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático.

La herramienta se aplicará de manera "acotada", ya que solo se impondrá en rutas y caminos.

Recordemos que, en su período como diputado, Gabriel Boric votó en contra de la prórroga de la Excepción Constitucional decretada por el exmandatario Sebastián Piñera y que cuando asumió la Presidencia, optó por no renovarla.

El anuncio desde La Moneda

El anuncio se oficializó en la noche del lunes a través de una aparición de la ministra Izkia Siches desde La Moneda. En dicha ocasión, la secretaria de Estado afirmó: “Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la Provincia de Arauco y Biobío, (y) en la Región de La Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios".

"Retomaremos la normalidad para las y los habitantes de la zona. Estamos comprometidos con continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos que aseguren el bienestar de todas y todos”.

La secretaria de Estado comenzó diciendo: "Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas; hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país", explicó.

"Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia en la Región del Biobío y La Araucanía, (...) de manera que den garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata", indicó la ministra.