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A casi dos meses del anuncio de la estrategia nacional del litio, por parte del Presidente Gabriel Boric el 20 de abril en cadena nacional, el gobierno publicó un documento de 33 páginas que detalla los objetivos de la política y calendariza sus hitos principales.

El texto, según destaca Pulso de La Tercera, ratifica la pretensión gubernamental de entrar al Salar de Atacama, “la mayor reserva de litio a nivel nacional, sobre el 90% del total”, dice, y entrega las primeras luces de la participación del sector privado en el desarrollo futuro de esta industria.

El documento establece como uno de sus objetivos el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial del litio, pero también promueve asociaciones público-privadas. “El modo de asociación público-privada y el mecanismo de selección de socios privados pueden ser diversos dependiendo de las características de cada salar, la actividad (exploración versus explotación) y la presencia de incumbentes”, describe el documento.

Pero por primera vez establece una fecha concreta para ello. La intención del gobierno es licitar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) de exploración a privados “a partir del primer semestre de 2024, en aquellos salares catastrados por Sernageomin y que sean considerados susceptibles de explotación”.

Y detalla lo siguiente: “La entrega pronta de CEOL de exploración obedece a la necesidad de avanzar de manera ágil con el catastro de recursos disponibles, para luego entrar en operaciones productivas. En caso de que los resultados de exploración muestren potencial, el privado tendrá la opción preferente de explotación futura en asociación con una empresa del Estado (Empresa Nacional del Litio, filiales de Codelco o Enami)”, agrega el documento, y recuerda algo que ya se había adelantado, en el sentido que aquellos salares que sean definidos como estratégicos “el Estado tendrá control de dicha asociación”.

En otro apartado del documento, se explica que el proceso de licitación para seleccionar a las empresa que realizarán la exploración en los salares “será pública, competitiva y transparente”, algo ya enunciado, pero agrega que “las ofertas técnicas deberán incluir, entre otras cosas: informes e instrumentos para mantener al Estado actualizado de la información recopilada, una propuesta de plan de generación de valor local y encadenamientos productivos, así como la estimación de impactos ambientales asociadas a cada proyecto”.

También se especifica que “a partir de 2023 se otorgarán CEOL de exploración y explotación a filiales de empresas del Estado –Codelco y Enami– en aquellos salares donde ya tienen proyectos en distintas etapas de desarrollo”, y que dichas compañía “podrán decidir si asociarse o no con un privado”.

El gobierno estima que los nuevos proyectos “demorarán en promedio entre 6-8 años en comenzar la producción”.