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El estado de excepción impuesto por el Gobierno en las provincias fronterizas del norte concluyó este viernes pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares, ya que fue sustituido por el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y que permite el despliegue de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.

Así lo comunicó horas atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien remarcó que el compromiso del Gobierno es mantener una frontera segura, y para ello recurre a un decreto que le permite una mayor influencia en la coordinación y despliegue de los servicios de seguridad.

"El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras", afirmó Monsalve, quien se declaró contrario también a las "devoluciones en caliente", una práctica común igualmente en otros países de dudoso encaje en la declaración de los derechos humanos. 

En este contexto, fuentes del gobierno explicaron que la estrategia actual va a consistir en dos líneas de acción principales: una, mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso que siguen los migrantes desde el Altiplano boliviano y el sur de Perú; y dos focalizar las acciones en la lucha contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas y la bandas de crimen organizado que aprovechan la situación para minar la seguridad en las localidades próximas a la frontera.

Para ello, el Ejecutivo ha apelado al cuerpo de Carabineros pero también a la Policía de Investigaciones (PDI), a los que ha instruido a desplegar los recursos que transregionales de los que dispone en el norte. 

"Es evidente la inseguridad que viven los ciudadanos, el aumento de la percepción de inseguridad, y los hechos violentos de los cuales son testigos y generan inseguridad tienen que ver con la presencia de crimen organizado. Por eso hemos pedido particularmente a la Policía de Investigaciones tomar acciones respecto a la lucha contra el crimen organizado en la macrozona norte", remarcó. 

Las regiones del norte de Chile son escenario desde hace más de un año de la mayor crisis migratoria de la historia del país, con cientos de personas que entran a diario de forma irregular a través de las fronteras con Bolivia y Perú, en su mayoría de origen venezolano, pero también haitianos y otras de nacionalidades. 

El pasado febrero, y en víspera del fin de la Administración anterior de Piñera, al que se acusa de azuzar la llegada de migrantes, estallaron huelgas y protestas en las provincias de Arica, Iquique y Antofagasta por el aumento de la criminalidad y la  violencia, que la población local, y en particular el poderoso e influyente gremio de camioneros, responsabilizan a los venezolanos que llegan desde el altiplano.

Las protestas y la inseguridad, azuzada igualmente por la xenofobia, llevaron al Gobierno a decretar el estado de excepción y a desplegar un mayor número de policías y militares para blindar la frontera, medida que no ha frenado el flujo migratorio.