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 Esta mañana se llevó a cabo un operativo de demolición de una narco-casa que presuntamente funcionaba como "caleta" alterada como una barbería como fachada, en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones, la municipalidad de La Florida, Ministerio Público, además de maquinaria llegaron a la intersección de las calles Monseñor Carlos Casanueva y José Miguel Carrera.

La captura de 25 individuos, incluido "El Macaco" permitió la caída de la banda narcotraficante que disponía de un millonario patrimonio, además de 29 propiedades en diversas comunas de la región Metropolitana.

Esta demolición es una sanción frente al incumplimiento de una causal taxativa contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dado que tiene ampliaciones ilegales.

"Estamos a punto de vivir un momento histórico, no se puede calificar de otra forma, que vamos a ser la primera municipalidad en Chile que asume el desafío de empezar a derribar viviendas narco. Le vamos a empezar a demoler esas ampliaciones ilegales, que a partir de una vivienda social se transformó en un búnker o en una caleta", manifestó el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter.

"Hemos decidido demoler una casa de las 20 por dos razones, primero, porque no tenemos la dotación completa de nuestro personal, y por sobre todo para no cometer errores. Sabemos que muchas familias de esfuerzo en Chile, que han construido ampliaciones evidentemente a esa gente no los vamos a perjudicar", complementó Carter.

La justificación jurídica en palabras de la autoridad comunal, se encuentra en el artículo 150 de la ley general de Urbanismo y Construcciones, que dispone que "recibida la denuncia, el Director de Obras Municipales hará practicar un reconocimiento de la obra y propondrá a la Alcaldía las medidas que estime procedentes."

"La Alcaldía, con el informe de la Dirección de Obras Municipales, fijará al propietario un plazo prudencial para la demolición de ésta o de la parte de la misma que amenazare derrumbarse.", indica la disposición legal.

Los arrendatarios de la casa, de nacionalidad peruana, se encuentran consternados ya que señalaron no haber sido notificados de este operativo, y que no se les ha dado plazo suficiente para retirar las cosas.

Al respecto el jefe comunal, declaró que las personas ligadas ya sea arrendando estos inmuebles cambian de discurso constantemente. "Le hemos dicho que vamos a demoler hoy día, porque la ley se tiene que cumplir hoy, le hemos dado facilidades para que pueda trasladar a sus niños, un lugar distinto, le hemos puesto dos camiones para que pueda mover sus cosas", indicó Carter.

 "Me dijo que no quería hablar con (la prensa) porque se sentía criminalizada, y acabamos de descubrir que ahora sí quiere hablar con (la prensa), que va a cambia de discurso todas las veces que sea necesario para impedir el cumplimiento de la ley, no hay nada más que hacer. Se han cumplido los plazos, cuatro semanas, entre las notificaciones, los informes policiales, han habido investigaciones de la SIP por semanas a esta residencia", concluyó Carter.