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La Ley 21.128, conocida como Aula Segura, fue promulgada en diciembre de 2018, y desde ese momento ha generado constante debate. Algunos la defienden por aumentar la capacidad de los directores para manejar hechos violentos en colegios, mientras otros critican su carácter punitivo, argumentando que se aleja del enfoque formativo de la educación.

Según La Tercera, recientemente el Congreso mostró divisiones sobre una indicación en el Presupuesto 2025 que impediría el acceso a la gratuidad a sancionados por Aula Segura, con la Cámara de Diputados rechazando la medida y el Senado aprobándola.

La aplicación de Aula Segura ha variado según los alcaldes, como en Santiago, donde con Felipe Alessandri se utilizó 76 veces, pero con Irací Hassler no se usó ninguna vez.

Desde su promulgación, 5.205 alumnos han sido expulsados bajo Aula Segura. Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación y subdirector del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC, señala que “Aula Segura es más un cambio de atribuciones para expulsar rápidamente en casos de violencia, no una política para prevenirla”.

Las cifras muestran fluctuaciones: 784 expulsiones en 2018, 692 en 2019, 10 en 2020, 22 en 2021, 1.068 en 2022, 1.741 en 2023 y 877 en 2024.

Un tercio de los expulsados proviene de la Región Metropolitana. Mario Aguilar, del Colegio de Profesores critica la ley, argumentando que “los procedimientos son difíciles de cumplir y el porcentaje de reincorporados es alto”.

Datos del Mineduc indican que, de los expulsados, muchos fueron reincorporados al sistema al año siguiente.

Finalmente, Villalobos e Ingrid Olea, de Educación 2020, subrayan que las expulsiones podrían haberse prevenido y que es vital no abandonar a los estudiantes con conductas graves, asegurando que continúen su trayectoria educativa.