Columna de Opinión

El reciente ataque en el Cesfam de Bajos de Mena, donde individuos involucrados en una balacera amenazaron con “reventar el Cesfam si salvaban a los heridos”, muestra la urgente necesidad de implementar políticas de seguridad integrales. Este tipo de incidentes dan cuenta de una serie de señales de una posible escalada de la violencia. Frente a esta realidad, es crucial adoptar medidas que aborden diversos aspectos de manera de resolver las complejidades presentes en los problemas de seguridad pública.

Es evidente que existe una escasa asignación de recursos y niveles de especialización para enfrentar al crimen que se despliega de forma cada vez más convulsa en los territorios. No obstante, ello debe ir acompañado de un mejoramiento en los sistemas de información con uso de inteligencia artificial para aumentar la predicción, pero también para disuadir y no permitir el escalonamiento de dichos crímenes perpetrados por las bandas que muchas veces disputan el control sobre los territorios.

Es indispensable fortalecer los lazos entre las instituciones locales y la comunidad, abordando los factores socioeconómicos que llevan a la delincuencia, como la falta de empleo estable y oportunidades educativas. La creación de un Programa de Fomento al Empleo que otorgue subsidios a las PYMES y fomente la capacitación de jóvenes en riesgo, es fundamental para restablecer el tejido económico local para así reducir la influencia del crimen organizado.

Es primordial desarrollar una política nacional de construcción de centros culturales y deportivos que fomenten la creación del tejido social necesario para restablecer las relaciones comunitarias.

Es necesario aumentar la coordinación interinstitucional para identificar y enfrentar a las bandas organizadas. Así también es fundamental la implementación y difusión de la Ley Consultorio Seguro (21.188).

Así, lo ocurrido en Bajos de Mena y en otros territorios reflejan la necesidad de una respuesta integral que considere tanto la persecución penal como la prevención social y el acceso a mejores prácticas en las economías locales.