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El Ministerio Público iniciará una indagatoria para determinar si los antecedentes conocidos hasta ahora sobre la entrega de pensiones de gracias a personas que cuentan con antecedentes penales, incluso condenas por delitos diversos, como producción de pornografía infantil, fraude y estafa, ameritan persecución penal.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, este escenario alertó a la fiscalía que inicialmente evaluará el informe de Contraloría como un insumo que da cuenta de irregularidades administrativas.

Sin embargo, dice el medio, en el organismo reconocen que se requiere un análisis más acabado de su contenido y considerando que ya recibieron una denuncia de Renovación Nacional sobre la materia, ahora ultiman detalles para dar curso a las pesquisas.

Hasta ahora, eso sí, el Ministerio Público no había identificado una situación que eventualmente pueda constituir un delito. De todas maneras, revisarán si hay antecedentes que pudieran ser falseados en medio de la postulación al beneficio y si, en definitiva, hubo otorgamientos fraudulentos.

Fuentes de la institución revelan que para la administración de Valencia este es un asunto de “relevancia” y que está siendo monitoreado continuamente. De hecho, incluso antes de recibir la denuncia de RN, los mismos personeros confirmaron que durante la mañana de este viernes el fiscal nacional había pedido un informe sobre el caso para así definir acciones a seguir.

Previamente diputados de Renovación Nacional ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude al ministerio público.

Los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper, advirtieron que “todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del ‘estallido social’ adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal”.

Agregan que “en la cadena de acontecimientos que posibilitó la concesión de las pensiones intervinieron múltiples funcionarios públicos, efectuando actuaciones y dictando resoluciones o actos administrativos que adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría General de la República”.

La denuncia también fue puesta en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, donde los parlamentarios también solicitaron emprender acciones para recuperar los dineros entregados.