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La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que presentan condenas por diversos delitos, indicado que la inspección de los beneficios se realizará para armar un panorama general de la situación.

“Respecto a las pensiones de gracia, yo informé ayer a la prensa, que cuando se planteó esta discusión respecto a las pensiones ya otorgadas, el Presidente nos pidió que levantáramos un informe de cuál es la situación realmente, porque aparentemente en Chile nunca se han mirado los antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia”, afirmó en el contexto de su participación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Entonces, es tener el panorama de cuál es la situación de las pensiones de gracia en esta materia, porque hay 18.000 pensiones de gracia”, complementó, junto con precisar que “no va a ser un examen exhaustivo porque nos vamos a demorar mucho, pero sí al menos hacer un muestreo y un panorama general antes de tomar decisiones”.

Durante la jornada de este martes, la ministra ya había dado a conocer la petición del Presidente Boric y se refirió expresamente a la posibilidad de una retroactividad de este beneficio.

“Respecto si se pueden retrotraer o no esas pensiones, existen distintas evaluaciones. Probablemente si se retrotrajeran eso se judicializaría y solamente sabríamos en ese momento, digamos, cuál es el juicio de los tribunales respecto a si es válido o no esa decisión”, dijo.

Tohá agregó que “en virtud de que está este debate instalado, el Presidente nos ha pedido que como este problema que existe respecto a los antecedentes penales, existe respecto de todas las pensiones de gracia, no solo las del estallido (social), que para analizarlo lo primero que tengamos es un levantamiento de qué tan amplio es esto y qué pasa con las otras pensiones también”.

En la actualidad hay aproximadamente 18.000 beneficiarios de pensiones de gracia por distintas materias. Las personas a las que se les otorgó una pensión en calidad de víctimas por el estallido social son 418 y entre ellos hay 40 que presentan condenas por distintos delitos. De esos 40, 17 accedieron al beneficio en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y 23 en la actual administración.