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Este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "no hay ningún giro" ante los respaldos que le entregó el Presidente Gabriel Boric a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, cuyas renuncias han sido exigidas por la oposición en medio del Caso Convenios.

“Acá no hay ningún giro ni nada y tampoco se trata de blindar, eso no es una palabra que ha usado el Presidente. No hay un blindaje, el Presidente lo que ha dicho es que no podemos hacer pagar justos por pecadores y, en segundo lugar, cuando empezamos a señalar que todos deben renunciar o que toda fundación es una institución corrompida, es porque al final diluimos las responsabilidades políticas”, indicó la secretaria de Estado.

Vallejo acusó que “cuando todos son culpables, nadie es responsable y no podemos caer en eso. El Presidente ha establecido las responsabilidades políticas donde cree que las ha habido, según la información que se ha entregado de parte de un ministerio que ha trabajado intensamente por tener un comité investigador que se ha trasladado a la zona”.

Este jueves, Boric señaló durante una actividad en Coihueco que "con los antecedentes que tengo hasta la fecha -si esos cambian, evidentemente uno puede reconsiderar- ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar".

El Mandatario acusó que "le digo a quienes están exigiendo festivales de renuncia, que hay que poner un coto, y que hay que diferenciar quienes son realmente responsables y quienes no. Porque si los metemos a todos en un mismo saco, al final se diluye la responsabilidad, y eso nos hace mal a todos".

En el caso de Dresdner, los cuestionamientos surgieron debido a Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, emitió una boleta por $3,9 millones por la asesoría comunicacional a Dresdner durante su candidatura a senadora en el 2021, donde no resultó electa.

Democracia Viva está "en el ojo del huracán" después de que Andrade firmase convenios por $426 millones por parte del otrora seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, para trabajar con campamentos en esa región. Ambos están relacionados con la diputada Catalina Pérez como su expareja y su exasesor legislativo, respectivamente, estando los tres ligados a Revolución Democrática (RD).

Por otro lado, Dresdner también ha sido criticada debido a que junto a su exjefe de gabinete, Vicente Guzmán, trabajaron para Urbanismo Social. En este caso, las suspicacias se levantaron debido a que la entidad realizó con el Serviu del Biobío un trato directo por cerca de $148 millones para asesorar legalmente a 712 afectadas por los incendios forestales.

El caso de Urbanismo Social también se relaciona con el seremi Hernández, quien fue director jurídico de esa ONG, la cual recibió transferencias entre octubre y diciembre de 2022.