Actualidad

Nueve de la mañana de un miércoles de agosto y comienza la actividad en las afueras de la exPenitenciería de Santiago. La temperatura no supera los diez grados en la capital, por lo que las cocinerías y toldos azules apostados a un costado del recinto comienzan a funcionar con venta de café, sopaipillas, pan amasado, cigarros y otros comestibles. Se trata de una escena normal, común de un día de visita al recinto, que alberga a más de cuatro mil reos.

Nada que no haya ocurrido por décadas y que los vecinos y vecinas del sector no tengan relativamente asumido.  Sin embargo, durante los últimos días un anuncio gubernamental puso en alerta a la comunidad: la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en el sector.

El anuncio lo realizó el propio Presidente Gabriel Boric como una medida para bajar los índices de delitos registrados en la Región Metropolitana. El recinto tendrá un aforo para 500 internos de alta peligrosidad y supone una inversión estatal superior a los 90 mil millones de pesos. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la obra pretende ampliar el Penal Santiago 1 hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico.

La idea fue bien recibida por todos los sectores políticos, considerando que el barrio fue calificado por el ministro Luis Castillo como “una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”, frase que generó indignación de los movimientos sociales del sector, que aseguran nunca fueron consultados si querían tener una ampliación penitenciaría a menos de 50 metros de sus casas.

“El barrio está dividido por la avenida Pedro Montt y si bien tenemos el parque, áreas verdes, colegios y todo, también tenemos la externalidad de la cárcel. Tenemos comercio ambulante, cocinerías, narcotráfico, los famosos peloteros que lanzan droga a los presos”, comenta Paola Moreno, vocera de los vecinos del barrio Rondizzoni, uno de los sectores colindantes al recinto penitenciario, y que por estos días, a modo de protesta, luce banderas negras en cada una de sus ventanas con el lema “no a la cárcel”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Barrio Rondizzoni (@barriorondizzoni)

La dirigenta se apura en aclarar que el sector, al igual que el barrio Yarur, son sectores tranquilos. Que casi no se registran robos, que los vecinos y vecinas estacionan sus autos en la calle, que viven personas de distintas edades y que se puede realizar “vida de barrio”. Sin embargo, cruzando la costanera de Pedro Montt, la situación cambia del cielo a la tierra.

“Tenemos miles de visitas al día, que no tienen acceso a un baño. Además, está la entrada y salida de los reos que salen directamente a un sector de población donde hay niños, donde hay familias. Entonces tenemos un lado muy bueno que es el Pulmón Verde de Santiago, que es el Parque O'Higgins y por el otro tenemos estas incivilidades que conlleva las visitas vinculadas al tema delictual”, sostuvo Moreno.

En la foto, el lugar en el que se construirá la extensión de la cárcel de Alta Seguridad

 RETROCESO EN LA VIDA DE BARRIO

A un costado de la exPenitenciería se encuentra el Centro de Justicia, obra inaugurada en 2006 y que alberga a todos los tribunales penales que están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. En sus 118 mil metros cuadrados se realizan audiencias de distintas índole y delitos. Por sus puertas pueden entrar y salir personas investigadas por homicidios, estafas, abuso sexual y ley de drogas.

Una de las obras de mitigación que se realizó cuando se construyó el recinto fue un parque costanera con juegos infantiles y áreas verdes. El espacio es ocupado actualmente como estacionamiento por personas que van de visita a la cárcel e incluso se han registrado actos de violencia entre bandas rivales. Además, se instalan toldos que se dedican al narcotráfico y al comercio sexual a vista de los transeúntes, incluso niños y niñas.

Los vecinos y vecinas del barrio saben que ellos llegaron después de la construcción de la Penitencieria (1843) y que sus “vecinos” han crecido sostenidamente con los años. Lo asumen y han aprendido a vivir con eso. Sin embargo, aseguran que construir un nuevo recinto penitenciario sería un error irreparable y que la inversión debería estar ligada a mejorar los colegios de la comuna y la  infraestructura pública.

“Por años hemos trabajado para recuperar este sector, para hacer mejoras. Con la construcción de la cárcel se perdería todo el esfuerzo que el Estado, que el municipio ha hecho, que el mismo privado. Acá hay construcciones de edificios, hay inversión inmobiliaria. Se vende como un barrio parque, un barrio verde, un barrio para hacer familia. Y ahora toda esa inversión, todo el trabajo que se ha hecho para recuperarlo, se vería perdido por este tema de la penitenciaría”, sentenció Paola Moreno.

AUTORIDADES

Desde su rol como alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, sacó la voz a favor de los vecinos y vecinas de los barrios afectados, calificando la construcción de la nueva cárcel en la comuna como “irresponsable”.

“Se confirma lo que hemos señalado respecto de ubicar una nueva cárcel en la capital: representa no sólo una tremenda falta de visión de Estado por parte del ministro Cordero, sino que además demuestra una gran irresponsabilidad”, objetó la alcaldesa de Santiago, quien el lunes recién pasado presentó un documento técnico que justifica las construcciones de cárceles fuera de sector poblados.

Ante el hallazgo de un auto con exoplosivos en pleno centro de Santiago, presuntamente para ser utilizados en una fuga de la cárcel, se confirma lo que hemos señalado respecto de ubicar una nueva cárcel en la capital: representa no solo una tremenda falta de visión de Estado por…

— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) August 13, 2024

Hassler comentó que Santiago tiene un 20% de la población penal de la región Metropolitana. Esto, según la información entregada desde el municipio, ha generado diversos reclamos de seguridad por parte de los vecinos y vecinas que habitan alrededor de centros penitenciarios.

“Se prometió una subcomisaria, así como distintos elementos de seguridad. Los vecinos y vecinas muy bien lo recuerdan. Y de eso nada se hizo, cuando justamente se construyó Santiago 1”, aseguró la alcaldesa Irací Hassler.