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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”, luego de ser consultado sobre el informe de Contraloría que detectó falencias en su otorgamiento.

La autoridad reconoció que es “un hecho grave”, pero al mismo tiempo precisó que el Gobierno cumplió “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.

“Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento”, afirmó.

“Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales. Por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto”, precisó, un compromiso que asumido durante su concurrencia a la comisión investigadora por pensiones de gracia de la Cámara.

Monsalve detalló que “la Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento dice afectación. Y cada una de las personas que recibió la pensión de gracia del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía un certificado, y ese certificado decía que esa persona tenía una afectación en el marco de un estallido social”.

Desde su punto de vista, lo que Contraloría interpreta “es que los antecedentes a disposición no están suficientemente legibles y que deben ser complementados”. En esa línea, dijo que desde el Ejecutivo “obviamente eso es lo que vamos a hacer, que es lo que estamos haciendo, recabando información para complementarla”, dijo.

El subsecretario del interior también cifró en 69 los casos que ameritan revisión, no 58 como estableció el informe de Contraloría conocido este jueves.

Sobre este punto ofició a la comisión asesora presidencial “para que revisen las 69 personas que tenían antecedentes penales y le puedan proponer al Presidente de la República cuáles revocar”.

Por el lado de la oposición, el parlamentario Henry Leal, de la UDI, sostuvo que “como bancada vamos a iniciar un procedimiento de destitución de los consejeros del INDH que participaron de este procedimiento. Ellos tienen un deber de responsabilidad. Esperamos que el Gobierno, revoque las pensiones de gracia sin más trámites”.

El parlamentario dijo que “la ley del INDH contempla un procedimiento, que con la firma de 10 diputados se puede recurrir a la Corte Suprema por abandono de deberes o de negligencia inexcusable, si es que el consejero no hace bien su trabajo”.

"Este proceso está viciado y se debe revocar ahora todas las pensiones de gracia entregadas a delincuentes”, dijo Leal.

También Diego Schalper, de Renovación Nacional, indicó que “me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está absolutamente comprometida".

"Creo que lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad. Y me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”, manifestó el parlamentario.