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El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, confirmó el ingreso de indicaciones a mociones parlamentarias que buscan revertir la pensiones de gracia, esto tras la polémica por los indultados Luis Castillo Opazo, imputado por secuestro extorsivo y Andrés Fuica Fuica, detenido por robo en supermercado.

En conversación con ADN, Monsalve señaló que las pensiones de gracia son “algo que genera mucha polémica” y explicó que es un beneficio que se entregó inconcluso en el Gobierno de Sebastián Piñera.

En la actual administración del Presidente Gabriel Boric se consideró a víctimas del estallido social. “Son entregados en el marco de una glosa, que está en la Ley de Presupuesto que establece las condiciones para entregarla”, añadió.

En esta línea, la autoridad detalló que, para las víctimas del estallido, se pide que “tengan un informe del INDH y que ese informe sea hecho llegar al ministerio del Interior. Esas personas van a ser beneficiarias de una pensión de gracia”.

Monsalve aseguró que es parte de la “Ley de Presupuesto, una glosa que fue aprobada por el Congreso y que respetó, tanto el Gobierno del presidente Pinera como de este Gobierno”.

“Tanto en esa ley, como en la de pensiones de gracia, nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de esas personas. Le ocurrió al presidente Piñera, que entregó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales, y también nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo de entrega de estas pensiones y que no establecía, ni la ley, ni el reglamento, tener a la vista los antecedentes de estas personas”, complementó.

Asimismo, comentó que le entregaron pensiones de gracia a “víctimas del estallido de acuerdo a los requisitos que estableció la glosa, que implicaba tener un informe del INDH. Nadie que no tuviera ese requisito recibió pensión de gracia. Cumplimos lo que aprobó el Congreso. Si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, tendría que decir que no”.

De esta forma, el ministro (s) informó que en la primera semana de enero se presentarán dos indicaciones a iniciativas que se están tramitando en el Congreso.

Una de ella buscará que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previo a la entrega del beneficio, y la otra entrega la facultad legal para revocar la pensión de gracia. “Nunca en Chile se ha revocado la pensión de gracia”, subrayó.

“Queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido”, sentenció la autoridad.