Columna de Opinión

Durante agosto, supimos de la salida del director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral, Felipe Mella. Las razones del fin anticipado de su tercer período en la infraestructura cultural más grande e importante de Chile -y una de las más relevantes para la región sudamericana- fueron varias: el déficit de 580 millones de pesos y un sueldo más alto que la  Ministra de las Culturas contribuyeron a que el directorio del centro pactara la salida mutua y unánime de su cargo. 

Pero más allá de las especificidades de este caso y al alero de la conmemoración de los 51 años desde el Golpe de Estado en Chile, es necesario hacer un ejercicio de memoria y recordar qué hay detrás del modelo que mantuvo a Felipe Mella en su cargo por más dos períodos consecutivos y cuáles son las funciones de un directorio en una institución pública que recibe asignación directa del Estado. 

Poco tiempo después de anunciada la salida de Mella, durante una actividad en el Centro Cultural La Moneda realizada el 2 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric comprometió un aumento de presupuesto del 60% para Cultura, aunque no indicó a qué áreas específicas se dirigiría. Valdrá la pena entonces preguntarse ¿Irá a parar a las corporaciones culturales? ¿Tiene pertinencia que así sea? 

Herencias de la dictadura neoliberal: un modelo corporativo de Cultura

El modelo de las corporaciones culturales de derecho privado se implementó en Chile en los 90’, durante la transición, y obedece originalmente a una lógica de auto gestión de financiamiento, pero no de asignación presupuestaria estatal.

El primer lugar en funcionar como corporación fue Balmaceda Arte Joven, anteriormente denominada Balmaceda 1215, pero desde entonces a la fecha han surgido un montón de nuevos proyectos culturales por iniciativa principalmente del Estado; son los casos del Centro Cultural Matucana 100 (2001) -cuya cabeza del directorio es la ex primera dama Luisa Durán desde su creación hasta la actualidad-; Centro GAM (2010), el Parque Cultural Valparaíso (2011) en la V región y el Teatro Biobío (2018) en Concepción. 

Estos espacios funcionan más o menos de manera similar: tienen un directorio, un director ejecutivo, un director o coordinador (es) de programación y sobreviven a partir de tres métodos de financiamiento principales: la autogestión por venta de tickets y arriendos comerciales, aportes de privados a través de la Ley de Donaciones Culturales y asignación presupuestaria por convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta última, eso sí, es variable: en el caso de GAM, se trata de tres mil millones de pesos, pero en Matucana no alcanzan a ser 800 millones, por ejemplo. 

Aunque originalmente el modelo buscaba la auto financiación completa, la iniciativa estatal se ha involucrado de manera más directa, firmando ese tipo de convenios que permite una asignación directa de presupuesto. Este sistema mixto de financiamiento nos recuerda al modelo de subvención estatal en Educación, indiscutiblemente una herencia de la dictadura que mantuvo durante años a cientos de jóvenes estudiantes en movilización y que, por lo demás -a diferencia de Cultura- se encuentra en permanente debate. 

La similitud de estos modelos económicos que financian aquellos derechos básicos de bienestar con aportes privados también se replica en regiones. La mayoría de los centros culturales regionales son corporaciones dependientes de los municipios y, de hecho, en varios casos los presidentes de los directorios son los alcaldes. Extremadamente parecido -si es que no igual- a lo que sucedía con la educación municipal. 

A lo largo de la gestión del Presidente Boric el sector cultural se ha encargado de enrostrar la falta de acciones concretas frente a las iniciativas culturales comprometidas, pero a esta altura del período es necesario profundizar en el debate: ¿Dónde queremos que se distribuya ese aumento del 60%, ese esperado 1% del PIB en Cultura?.

Si tiene o no sentido que se distribuya en corporaciones culturales de derecho privado también es digno de entrar a cuestionamiento. Se ha hablado de tocar las fibras neoliberales del Chile post dictadura, pero no de aquellas partes que financian Cultura. Y la realidad es que hoy no es claro que una corporación cultural de derecho privado sea una institución pública, del Estado, o simplemente una corporación privada con fines públicos. Es, como diría nuestro Víctor Jara, una cosa entre medio: ni chicha ni limoná.