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El Presidente Gabriel Boric promulgó este jueves la Ley de Protección al Denunciante, en una ceremonia en La Moneda en que nuevamente abordó el Caso Convenios. 

Se trata de una normativa que entrega protección a funcionarios públicos que denuncien hechos de corrupción o faltas a la probidad en organismos del Estado, y que por diferentes motivos, como temor o amenazas de represalias, anteriormente no se atrevían a hacerlo.

En medio del Caso Convenios, el Jefe de Estado indicó que "ante cada irregularidad o delito que ha sido descubierto o denunciado, hemos investigado, hemos instruido sumarios y he pedido la renuncia a quienes han faltado a su tarea y a la fe pública, porque aquí no puede haber espacio para la impunidad, ni para esconder la basura debajo de la alfombra y en eso quiero ser claro, corre para todos: caiga quien caiga".

También recalcó que "estamos trabajado con todas las instancias e instituciones que corresponden para fortalecer la capacidad del Estado en esta materia y elevar los estándares de transparencia, probidad e integridad pública".

El Presidente Boric recalcó que "de esta forma nos hacemos cargo de este problema, a la vez que posibilitamos que las denuncias se realicen y se investiguen, con un nuevo canal digital que va a ser administrado por la Contraloría, órgano independiente e imparcial, con la opción de mantener en reserva de denunciante y con medidas concretas de protección ante posibles represalias".

Además, la nueva normativa establece la posibilidad de que el denunciante decida si su identidad se reserva; mecanismos de protección preventivos en favor del denunciante, y el castigo con destitución para aquellos funcionarios públicos que hostiguen a cualquier persona que efectúe una denuncia o declare como testigo.

También incluye entre sujetos protegidos a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados. Las denuncias presentadas por este canal podrán tener seguimiento y ser registradas por Contraloría.