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El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, abordó en entrevista con Radio Pauta, la reanudación del juicio contra la banda criminal Los Gallegos, grupo acreditado como célula operativa de la organización criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con los antecedentes que se tienen, la audiencia de esta jornada se realizará de manera semipresencial luego que Gendarmería advirtiera sobre la peligrosidad de trasladar a los acusados hacia el juzgado de garantía.

“A partir de las investigaciones de organizaciones criminales y causas complejas donde hay muchos imputados y defensores, incluso los tribunales no fueron pensados o diseñados para más de 10 personas en provincias”, explicó Bravo.

“En Santiago hay más espacio, pero no visualizamos en su momento que íbamos a enfrentar este tipo de investigaciones e investigaciones que duran más de 1 año”, agregó.

Francisco Bravo aseguró que existen indagaciones que aseguran que fiscales han sido amenazados, sobre todo en regiones donde se investiga a bandas del crimen organizado, como Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

“Tan amenazados son que hemos tenido que pedirle a la fiscalía el traslado de algunos fiscales de las regiones de origen donde se investigaron organizaciones criminales y tuvieron que cambiarse con toda su familia con lo que eso implica, no solo un costo económico, sino un costo humano a otras regiones donde estuvieron resguardados”, indicó.

“Los fiscales fueron amenazados con armas de fuego. Cada vez más se van generando situaciones que revelan que es necesario una política de Estado de prevención para la seguridad de los operadores de justicia”, señaló Bravo.

“Tenemos que ir mucho más allá, porque no solamente tenemos que ver el tema de la seguridad de los operadores en los tribunales. Se tienen que tomar las medidas de seguridad para garantizar que ese trabajo que se hace se haga bajo las mínimas medidas de seguridad”, sostuvo el presidente de la ANF.

“Hemos planteado medidas de carácter operativo, más seguridad concreta. Poder estacionar al interior de los tribunales, tener accesos diferenciados, baños distintos, para no encontrarnos con los familiares de los imputados”, insistió el persecutor.

“Nosotros hemos promovido que también se hagan audiencias telemáticas en algunos casos, y que esa evaluación de riesgo que quede en manos de los fiscales, porque quien puede medir el riesgo, la eventual amenazas y peligros, son los fiscales”, dijo.

“Hemos planteado cosas mínimas. Establezcamos una carrera funcionaria para los fiscales, y mecanicismos de incentivo para aquellos que están en su última etapa”, finalizó Francisco Bravo.