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La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, respaldó transversalmente las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto que creará un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.

La iniciativa había sido aprobada en general en la Sala, en noviembre. En la ocasión volvió a plantearse la necesidad de que la propuesta contara con el respaldo financiero del Ejecutivo. Esto, para permitir que generar un apoyo real a las familias afectadas por este delito.

Frente a esto, el Gobierno se hizo parte del proyecto promovido por la Comisión de Mujeres. La principal modificación fue la creación del derecho a una pensión de las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida.

El beneficio se obtendrá desde que la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género notifique a quienes sean reconocidos en este marco. Se pagará hasta que la o el hijo de la víctima cumpla 18 años, no obstaculizando cualquier otra pensión o beneficio social.

El monto de la pensión ascenderá a $160.000 y será entregado de forma mensual a las y los beneficiarios. Su reajustará el 1 de febrero de acuerdo al IPC determinado por el Instituto de Estadísticas.

Durante el debate en particular del proyecto, la comisión también aprobó otras indicaciones del Ejecutivo, representado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Una de ellas estableció que un reglamento regulará el pago de la pensión. En él se establecerá cómo acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.

De la misma manera, se respaldó una norma que garantiza el fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia presentada ante las policías o el Ministerio Público.

La disposición también indica que el beneficio será retroactivo para quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos. Establece también que el gasto fiscal que irrogue su aplicación se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Antes de pasar a la Sala, la propuesta que se encuentra con urgencia de discusión inmediata, debe ser analizada por la Comisión de Hacienda.