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El Servicio Electoral (Servel) solicitó al Tribunal Calificador de Elecciones, por requerimiento unánime del Consejo Directivo, la disolución del Partido Comunes por “infracciones graves y reiteradas a la normativa que regula el financiamiento público de los partidos políticos”.

El presidente del partido es Marco Velarda y tiene dos diputadas, Claudia Mix y Camila Rojas, y una ministra, la titular de Desarrollo Social, Javiera Toro.

Según el Servel, el Partido Comunes, que en su comienzo tenía el nombre de Poder Ciudadano, surgió en 2018 a partir de la fusión de los partidos Poder Ciudadano y Poder Ciudadano del Norte, siendo así sucesor de la unión de las colectividades en sus derechos y obligaciones patrimoniales.

A partir de ese mismo año se iniciaron una serie de irregularidades:

- Incumplimiento grave y reiterado a las instrucciones generales y uniformes dictadas por el Servicio Electoral sobre la forma en llevar los libros y efectuar el balance.

- Incumplimiento grave y reiterado en las fechas de presentación de los libros y la documentación anexa para su revisión e inspección.

- Incumplimiento grave y reiterado en llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos, con indicación del origen y destino, la fecha de la operación y el nombre y domicilio de las personas intervinientes.

- Incumplimiento grave y reiterado en el respaldo y acreditación de los gastos mediante documentos que sean válidos y legalmente emitidos.

- Incumplimiento grave y reiterado en el respaldo y acreditación de los ingresos mediante los respectivos comprobantes de aportes y documentación anexa.

El Servel también consignó que los balances 2017, 2018 y 2019 fueron rechazados por ser presentados en forma extemporánea y sin toda la documentación necesaria. Posteriormente, y tras ser sancionado, el partido realizó las subsanaciones, pero en fechas muy posteriores, culminando con la aprobación de dichos balances.

Además, hasta la presentación de la denuncia, el partido Comunes tiene rechazados los balances 2020, 2021 y 2022. Los montos no rendidos ni reintegrados, a la fecha, ascienden a $14.100.000 correspondientes al ejercicio contable 2020 y $128.586.823 por el ejercicio contable 2021.

Dichas situaciones fueron denunciadas por Servel ante el Ministerio Público el 28 de septiembre de 2023, requiriendo al Consejo de Defensa del Estado ejercer las acciones tendientes a obtener el reintegro de dichas cantidades.