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La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora para revisar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación Superior.

Esto, en relación al proceso de acreditación, entrega de recursos públicos y financiamiento de las universidades, así como el cumplimiento de la normativa educacional vigente y su funcionamiento general.

La petición, respaldada por 64 diputados y diputadas liderados por Juan Santana (PS), hace referencia al caso de la Universidad San Sebastián, en que “una serie de docentes y académicos habrían recibido sueldos y diversos pagos, sin que conste el desarrollo de un trabajo profesional y académico claro y tangible”, según informó la instancia legislativa.

Tendremos Comisión Investigadora por caso Cubillos.

Reunimos las firmas necesarias: fiscalizaremos las falencias del sistema de educación superior que permitió el posible pago de aspiraciones políticas a través de fondos universitarios.

Esperamos que venga a dar explicaciones. pic.twitter.com/WhmpGfca8L

— Diputado Juan Santana (@Juan_SantanaC) October 3, 2024

Al respecto, se cita el caso de los exministros Andrés Chadwick y Marcela Cubillos, y del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

Respecto a la exministra de Educación, se cuestiona el pago de 17 millones de pesos, pese al trabajo a distancia desde España, donde reside. Mientras que, en el caso de Matus, se contravendría la norma que, si bien permite labores docentes, impide la realización de labores investigativas, según se informó.

La idea que se investigue y fiscalice el hecho de que dicha casa de estudios recibe recursos públicos destinados a sostener su proyecto educativo. Además, debe tener un cumplimiento normativo riguroso por tener acreditación.

También se busca indagar si ha vulnerado o no las normativas vigentes, en lo relativo a la prohibición del lucro en la educación y las que regulan la actividad académica de las universidades. La comisión deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 60 días.