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El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el recurso ingresado por tres juezas del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por la obligatoriedad de la presencialidad de los acusados del Caso SQM en todas las audiencias del juicio, relacionado con financiamiento irregular de la política y que podría prolongarse por dos años.

La acción judicial fue ingresada por las magistradas Claudia Santos Silva, Carolina Paredes Arizaga y María Teresa Barrientos Marabolí, quienes advirtieron una eventual inconstitucionalidad ante la presencia diaria e ininterrumpida de los ocho imputados.

Las juezas apuntaron a la norma del artículo 285 del Código Procesal Penal, que establece que “el acusado deberá estar presente durante toda la audiencia”.

En el documente, las recurrentes advierten que “la disposición en comento resultaría contraria a la Constitución Política de la República afectando, fundamentalmente, los principios de proporcionalidad y de legalidad”.

Entre los acusados está el exsenador de la UDI, Pablo Longueira, el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami (ME-0), y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse. La fiscalía pide 818 días de presidio y multas por cohecho para el exministro de Economía y exsenador, mientras que para el exdiputado solicitó 4 años de cárcel por delitos tributarios.

Longueira ya había acudido al TC para no tener que asistir presencialmente a todo el litigio, pero fue rechazado.