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Chile oficializó este martes la militarización durante 15 días de rutas y carreteras en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío. De esta manera, y pasadas las 22.00 horas, los efectivos militares se desplazaron hasta las rutas donde ya rige el estado de excepción decretada por el Gobierno. 

"Es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas. Asimismo, también es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud", señala el decreto publicado la tarde del martes en el Diario Oficial.

El mensaje gubernamental argumenta que "(...) en reiteradas oportunidades (los actos violentos) han puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de (las) vías" y los "cortes extendidos de las carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas".

La entrada en vigencia del estado de excepción constitucional, medida en principio descartada por el gobierno pero impulsada luego tras la falta de acuerdo en torno a un proyecto alternativo presentado por el Ejecutivo, regirá toda la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío.

Los jefes militares asignados para el mando en el territorio deberán "controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros" e "impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad".

"Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto", concluye el decreto del que tomó razón la Contraloría de la República.

El general Edward Slater señaló a 24 Horas que "nosotros estamos aquí para traer algo de paz a la región, pero el camino y la solución a esto es el diálogo, esperamos que eso (enfrentamientos) jamás ocurra, no es nuestra intención".