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La justicia iraní acusó a 315 personas en Teherán por su participación en las protestas desatadas por la muerte de la joven Mahsa Amini, y cuatro de ellas se enfrentan a la pena de muerte.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, anunció las 315 acusaciones por "intención de actuar contra la seguridad del país", “propaganda contra el sistema” y “perturbación del orden público”, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.

Cuatro de los acusados se enfrentan a cargos por "enemistad con Dios” por el uso de “armas para aterrorizar a la sociedad, herir a miembros de las fuerzas de seguridad, provocar incendios y destruir propiedades públicas y privadas”, indicó Salehi.

Al menos 3.000 personas han sido detenidas solo la provincia de Teherán, 200 de ellas universitarios y otros 200 escolares desde el inicio de las protestas, de los que han sido liberados todos los menores de edad, afirmó recientemente el parlamentario Alireza Beigi.

Las autoridades iraníes no han informado del número total de detenidos ni fallecidos en el país, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, sitúa en 108 los muertos y en 12.500 los detenidos.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, quien murió tras ser brutalmente golpeada por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

Las protestas están protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres al grito de "mujer, vida libertad", lanzan consignas contra el Gobierno y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho.