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Verónica Vymazal: “El grave problema de la infancia vulnerada en Chile es la tercerización y los procesos de adopción del Sename no son los adecuados”

La vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial afirmó que se necesitan “mecanismos objetivos para eliminar las subjetividades de los evaluadores” en el proceso de adopción junto con mayor control desde el Estado.

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  • Martes 30 de marzo de 2021 - 14:09

 

 

Por Francisca Delgado.

Estación Central conversó con Verónica Vymazal, vicepresidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, sobre las dificultades de adoptar menores bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores.

"El grave problema de la infancia vulnerada en Chile es la tercerización a través de procesos licitados con privados donde los procesos de adopción que tiene la red Sename no son los adecuados", diagnosticó.

La magistrada apuntó que “nunca se han establecido procedimientos y mecanismos objetivos que permitan eliminar los sesgos y subjetividades de los evaluadores”. Y señaló que desde la Asociación de Magistradas y Magistrados desconocen la calidad y la idoneidad del personal.

“El Estado de Chile debe hacerse responsable de la infancia en Chile de manera directa con mayor control ya que no hay una supervisión, protección, intervención o un seguimiento constante posterior a la adopción", agregó.

"No hay una pauta concreta que determine qué tipo de familia, desde una perspectiva de la situación socioeconómica, voy a querer, y en la práctica hay discriminaciones", sostuvo Vymazal. Y apuntó la necesidad de un organismo centralizado que controle, evalúe, califique el proceso de adopción junto con “replantear la infancia desde otra perspectiva con la intervención de niños, niñas y adolescentes afectados”.

La jueza de Familia considera que “falta una voluntad política, del Estado y de los distintos gobiernos que hemos tenido, porque esta deuda es histórica" aludiendo al proyecto de ley detenido en el parlamento desde el 2019. “Se requiere una reforma estructural, no un cambio de nombre donde se mantiene la tercerización y la responsabilidad la tenemos todos, incluso la sociedad civil y hay poco voluntario para ser familias de acogida”, finalizó.

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